Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, Venezuela y el resto de América Latina enfrenta un período transformador y turbulento en sus relaciones con su vecino del norte.
El primer mandato de Trump se caracterizó por los tratos transaccionales, las tácticas de presión económica y la marginación de los derechos humanos en aras de réditos políticos de corto plazo, un patrón que podría intensificarse en su segundo mandato.
Las nominaciones de Trump, entre ellas la de Marco Rubio como secretario de Estado indican que la región será una prioridad mayor en la política exterior estadounidense.
El creciente alineamiento de Trump con líderes de su misma línea como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y la familia Bolsonaro de Brasil, podría envalentonar los ánimos en la región según los expertos.
Trump y su postura sobre Venezuela
Los acontecimientos recientes plantean dudas sobre si el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela será similar a las políticas de su primera administración.
El 9 de enero, por primera vez desde las elecciones presidenciales de Venezuela de julio de 2024, Trump abordó la situación en una breve publicación en Truth Social.
Su mensaje se produjo un día antes de que Nicolás Maduro jurara su cargo para otro mandato presidencial de seis años, sin ninguna prueba que respalde la legitimidad de su supuesta victoria y en medio de una fuerte condena de la comunidad internacional.
Trump se refirió a Edmundo González Urrutia como presidente electo y destacó el apoyo que recibió de la comunidad venezolana-estadounidense.
El designado para secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó durante su audiencia de confirmación en el Congreso que el país “está controlado por una organización criminal y narcotraficante”.
Asimismo, criticó a la administración Biden “por ser manipulada para disminuir las sanciones y proporcionar millones de dólares a Maduro a través de licencias petroleras”.
Mientras tanto, Michael Waltz, quien ha sido nombrado asesor de seguridad nacional de Trump, se reunió con González Urrutia durante su reciente visita a Washington DC, pero en su calidad de congresista de Florida, lo que deja poco clara la postura de la administración sobre Venezuela.
La deportación y licencias petroleras
Trump también nombró a Richard Grenell como enviado presidencial para misiones especiales, incluida Venezuela, pero aún no está claro cuál es su postura y cómo se articulará su posición con la del Departamento de Estado.
Tras la victoria electoral de Trump, Maduro lo felicitó públicamente y expresó su esperanza de una relación de “ganar-ganar”.
Si bien parece poco probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países, la administración entrante enfrenta dilemas difíciles que podrían abrir las puertas a un enfoque transaccional de ambos gobiernos.
Es probable que Maduro se concentre en retener las licencias petroleras otorgadas por la OFAC, que convirtió a Venezuela en el tercer mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos en 2024.
Mientras tanto, Trump quiere frenar la migración reanudando los vuelos de deportación a Venezuela.
Estos intereses superpuestos, a pesar de las diferencias ideológicas y las narrativas incendiarias, podrían indicar un alejamiento de las tácticas de máxima presión del primer mandato de Trump, con el pragmatismo económico en el centro del escenario, pero las señales sobre la futura política exterior de Estados Unidos son mixtas.
Las recientes declaraciones del asesor principal Tom Homan, enfatizando que espera que Trump “colabore con Venezuela” para recibir estos vuelos de deportación, contrastan con las posiciones históricamente de línea dura adoptadas por Rubio y Landau sobre Venezuela.
Lo que dicen los analistas
Una línea de pensamiento sugiere que Trump podría volver a la postura de línea dura de su presidencia de 2017-2021, o posiblemente tomar medidas aún más dramáticas contra Maduro.
Durante su primer gobierno, Trump intentó derrocar a Maduro mediante una campaña de “ máxima presión ” con sanciones, amenazas militares y el reconocimiento de la presidencia paralela de Juan Guaidó.
Esa política fallida fue diseñada para poner a los jefes militares en contra de Maduro, pero terminó fortaleciéndolo y acumulando más miseria económica para los venezolanos comunes.
El enviado presidencial de Trump para misiones especiales, Richard Grenell mantuvo conversaciones secretas en 2020 con uno de los aliados más cercanos de Maduro, Jorge Rodríguez. Fue Rodríguez quien juramentó a Maduro para su tercer mandato la semana pasada.
La nominación de Grenell ha dejado a algunos preguntándose si el autor de el arte de la negociación podría llegar a algún tipo de acuerdo con Maduro.
Estas implicarían la deportación de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos y el acceso a las enormes reservas de petróleo de Venezuela para empresas estadounidenses a cambio de que Washington acepte la toma de poder por parte de Maduro.
Hasta dónde puede ceder Maduro
En su toma de posesión, Maduro insinuó que estaba dispuesto a dialogar, al declarar: “Soy un hombre de diálogo. Sé escuchar y sé aprender”.
David Smilde, especialista en Venezuela de la Universidad de Tulane, dijo que las contrastantes elecciones de Trump –junto con su “nuevo tipo de obsesiones intervencionistas con Canadá, Groenlandia y Panamá”– han dejado un enorme espacio para la especulación sobre el camino que tomaría.
“Si tuviera que apostar, diría que lo que va a pasar es que van a hacer grandes declaraciones criticando a Maduro y van a eliminar públicamente un par de licencias que permiten a las compañías petroleras operar en Venezuela”.
Sin embargo, agregó que; “en este momento todo es posible. Con Trump, muchas veces no es constante. Dependerá de su estado de ánimo ese día, de quién fue la última persona con la que habló y de quién parezca más leal a él”
Retrocesos en la región
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, reseñó que podrían generarse varios reveses significativos en las normas democráticas en la región.
Podría haber desacuerdos con aliados históricos sobre estrategias bipartidistas de larga data para abordar problemas prolongados como los conflictos armados internos y los grupos armados ilegales organizados.
Priorizar estrategias militarizadas de lucha contra las drogas y políticas migratorias restrictivas, junto con una preferencia por la diplomacia transaccional a expensas de otras cuestiones, corre el riesgo de afianzar aún más el autoritarismo.
A medida que las normas e instituciones democráticas se ven cada vez más atacadas y los compromisos con la diversidad y la inclusión se debilitan.
Esto será esencial para resistir la erosión de las libertades democráticas y proteger los derechos humanos y el estado de derecho.
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