El acceso de algunas ciudades al dinero federal podría verse en peligro por una de las acciones de inmigración del primer día del presidente Donald Trump dirigidas a las llamadas “ciudades santuario“.
Una orden ejecutiva presidencial ordena a los funcionarios federales tomar medidas “para garantizar que las llamadas jurisdicciones santuario, que buscan interferir con el ejercicio legal de las operaciones de aplicación de la ley federal, no reciban acceso a fondos federales”.
La orden, titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, es una de varias que el presidente emitió para acabar con la inmigración ilegal.
Varios estados, entre ellos California, presentaron una impugnación legal inmediata con el argumento de que la ciudadanía por derecho de nacimiento para cualquier niño nacido en los EE. UU. está protegida por la Constitución.
Un ejemplo de una ciudad santuario
Ciudades como Los Ángeles, firmaron en noviembre pasado una ley de ciudad santuario que prohíbe a los empleados y recursos municipales participar en la aplicación de la ley federal de inmigración. La alcaldesa Karen Bass la convirtió en ley el mes pasado.
“La alcaldesa Bass trabajará con cualquiera para traer recursos federales a nuestra ciudad y se opondrá a cualquier política que perjudique a las familias de Los Ángeles”, dijo el portavoz de Bass, Zach Seidl, en un correo electrónico.
“En este momento, su objetivo es trabajar con nuestros socios federales para liderar el esfuerzo de recuperación más monumental de la historia”.
En la actualidad la ciudad de Los Ángeles no obstruye ni ayuda a las operaciones federales de inmigración según resumen varios analistas.
La ley de ciudad santuario, propuesta por primera vez en 2023, codificó políticas preexistentes para proteger a los inmigrantes y sus familias que se establecieron bajo una orden del ex alcalde Eric Garcetti.
La ley dice que los empleados y la propiedad de la ciudad no pueden usarse para “investigar, citar, arrestar, retener, transferir o detener a ninguna persona” con el propósito de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Defensores de los migrantes
Los grupos de derechos humanos de los inmigrantes en varias ciudades han presionado para que se implementen políticas de ciudades santuario que limitan la cooperación con los funcionarios federales en materia de control de la inmigración.
Su objetivo es generar confianza entre las comunidades inmigrantes, la policía y otras instituciones gubernamentales al permitir que las personas indocumentadas denuncien delitos y accedan a servicios esenciales sin temor a ser deportadas.
Trump, quien ha dicho que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”, prometió “la mayor operación de deportación en la historia de EEUU”.
Asimismo, agregó que utilizaría al ejército para ejecutarla y pedir al Congreso que apruebe una ley que prohíba las ciudades santuario en todo el país.
Otras polémicas medidas contra la migración ilegal
Trump citó poderes presidenciales extraordinarios para suspender efectivamente la ley de asilo estadounidense, acusando a los migrantes de organizar una “invasión” en la frontera sur y poner en peligro la salud pública.
Trump autorizó a los funcionarios a “repeler, repatriar o expulsar” a los migrantes, suspendiendo su “entrada física” a Estados Unidos en virtud de sus poderes constitucionales.
La orden de amplio alcance básicamente permite al gobierno estadounidense dejar de adherirse a la ley de asilo estadounidense, hasta que Trump emita una “conclusión de que la invasión en la frontera sur ha cesado”.
Trump también ordenó a las autoridades que reiniciaran la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, con lo que se relanzaría un proyecto gubernamental masivo y multimillonario que había sido detenido por el presidente Joe Biden.
Durante la administración Trump, se construyeron alrededor de 725 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera suroeste.
Emergencia nacional para aumentar presencia militar en la frontera
Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, calificando la situación allí de “grave amenaza para nuestra nación”.
El presidente ordenó al Departamento de Defensa involucrar más intensamente los vastos recursos y mano de obra del ejército estadounidense en la frontera entre Estados Unidos y México.
Con esto encargó a los funcionarios desplegar “tantas unidades o miembros de las Fuerzas Armadas” como sea necesario para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a obtener “control operativo completo” de la frontera.
Trump también ordenó al Pentágono que ayudara a construir barreras fronterizas.
El ejército estadounidense ha estado presente en la frontera entre Estados Unidos y México durante las últimas décadas, principalmente para brindar asistencia operativa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Pausa en las admisiones de refugiados
Trump suspendió el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, una iniciativa que gozaba de un amplio apoyo bipartidista, citando la presión sobre las comunidades receptoras.
Su orden mencionó varias comunidades, entre ellas Springfield, Ohio, donde la llegada de miles de inmigrantes haitianos atrajo la atención nacional después de que Trump y sus aliados acusaran falsamente a los inmigrantes de comer mascotas.
El Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos permite que ciertos refugiados que huyen de la persecución y la guerra ingresen legalmente al país después de una serie de entrevistas, controles de seguridad y exámenes médicos.
La administración Biden había restablecido las admisiones de refugiados después de que cayeran a un mínimo histórico al comienzo de la pandemia de covid-19 debido a los límites de viaje y los drásticos recortes al programa de la era Trump.
La orden de Trump ordena a los funcionarios iniciar una revisión para determinar si la reanudación de las admisiones de refugiados es de interés nacional y permite que los funcionarios hagan algunas excepciones a la suspensión de las admisiones caso por caso.
- Imagen de portada tomada/Brian Snyder (REUTERS)
