A medida que se intensifican las sesiones legislativas de 2025 en todo el país, los legisladores de los estados republicanos que respaldan los planes de deportación masiva del presidente Donald Trump están impulsando medidas cada vez más restrictivas.
Estas podrían reformular la aplicación de las leyes de inmigración y limitar aún más las vidas de los migrantes.
Los legisladores de Missouri y Mississippi han propuesto permitir que los cazarrecompensas detengan a inmigrantes indocumentados y ofrecer recompensas de 1.000 dólares por pistas que conduzcan a arrestos.
Mientras tanto, un legislador de Tennessee quiere que su estado cobre a los padres por inscribir a sus hijos indocumentados en escuelas públicas.
Tituló su iniciativa ‘Ley TRUMP’ (por la reducción de la colocación ilegal de inmigrantes en Tennessee).
Los estado antiinmigrantes
En el Medio Oeste, los legisladores de Iowa y Dakota del Sur presentaron proyectos de ley que exigen que las licencias de conducir estatales indiquen si el conductor es ciudadano estadounidense.
En el Oeste, los legisladores de Montana harían que las comprobaciones del estatus migratorio fueran obligatorias en los controles de tráfico.
Y asimismo, obligarían a los empleadores a comprobar el estatus migratorio de las personas que contratan.
“Lo importante son los costos y cómo podemos ayudar al presidente Trump en la aplicación de la ley”, dijo Andrew Good, director de relaciones con los gobiernos estatales en NumbersUSA, un grupo conservador que aboga por las restricciones a la inmigración.
Esta ola de leyes y políticas propuestas desafía precedentes legales establecidos desde hace mucho tiempo que garantizan que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a servicios legales, médicos y educativos estatales.
Tim Storey, director ejecutivo de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, un grupo de investigación y capacitación bipartidista, había pronosticado lo mismo después de las elecciones de noviembre.
Texas, con las medidas más fuertes
Dada la oleada récord de migrantes durante parte de la administración Biden, Trump había hecho una campaña intensa para repeler una “invasión” en la frontera sur.
“El tono de Washington y los temas que la administración Trump y la mayoría republicana enfatizarán y resaltarán tendrán un efecto en los estados, aun cuando no se haya producido un cambio partidista en ellos”, dijo Storey a la prensa.
Texas, por ejemplo, está liderando el camino. Los legisladores en Austin están llevando a cabo una serie de acciones, basándose en la orden del gobernador republicano Greg Abbott de 2024.
A través de estas medidas exige que los hospitales rastreen el costo del tratamiento de inmigrantes indocumentados.
Entre las medidas está; tomar las huellas dactilares de los niños inmigrantes indocumentados y prohibir que los inmigrantes indocumentados reciban asistencia legal financiada por los contribuyentes
Asimismo, crear una Unidad de Protección Fronteriza de Texas y otorgar a las fuerzas del orden estatales el poder de deportar a los inmigrantes detenidos cerca de la frontera.
Duras condenas en Florida con los migrantes indocumentados
Los legisladores de Florida también tienen una agenda extensa.
Estos han aprobado la Tackling and Reformed Unlawful Migration Policy (otra ley de TRUMP) para crear un zar de inmigración estatal con 150 miembros y $500 millones en fondos.
Con ello buscan aumentar las penas para los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados y obligar a las agencias de aplicación de la ley a unirse a los esfuerzos de detención.
También, ofrecer bonificaciones a la policía que ayude en las redadas y bloquear las tasas de matrícula para residentes del estado para los estudiantes indocumentados.
Si bien el gobernador Ron DeSantis prometió vetar la ley por considerarla “débil” y “diluida”, el senador estatal Joe Gruters dijo que él y otros legislativos republicanos la redactaron en consulta con la administración Trump y predijeron que finalmente se convertiría en ley.
“Hablé con el presidente, con Stephen Miller y con otros miembros de su administración para obtener orientación técnica sobre sus necesidades”, dijo Gruters, expresidente del Partido Republicano estatal y aliado de Trump.
Los frenos legales a las polémicas leyes
En los últimos años, tanto Texas como Florida aprobaron leyes de gran alcance para crear delitos o restricciones migratorias estatales y obligar a la policía local a aplicarlas.
Hasta ahora, los tribunales han bloqueado la promulgación total, la última vez con una orden judicial en Iowa la semana pasada, y está previsto un juicio federal en Austin este verano.
Los opositores han argumentado que las leyes usurpan inconstitucionalmente la autoridad federal sobre la política migratoria.
“Los estados han desempeñado un papel importante en esta narrativa más amplia sobre la inmigración, tanto política como administrativamente”, dijo Rick Su, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte.
Ante “limitaciones constitucionales incómodas”, dijo, los legisladores han recurrido a “soluciones alternativas”, como calcular los costos y certificar a los cazarrecompensas.
Además de poner a prueba los límites de la ley federal, también están enviando un mensaje a las comunidades migrantes, según Su. “El mecanismo principal de estas cosas es el efecto de disuasión”, dijo.
Los abogados
Expertos legales coinciden en que: “Estas leyes forman parte de un esfuerzo más amplio para hacer que la vida de los inmigrantes sea lo más miserable posible”, dijo Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, incluyó la inmigración entre sus prioridades legislativas durante su discurso sobre el Estado del Estado en enero pasado.
Esta dijo que espera que los legisladores aprueben la Ley de Defensa Contra los Delincuentes Ilegales para imponer penas más severas a los “inmigrantes ilegales violentos” por delitos penales y “eliminarlos de nuestro estado”.
En numerosos estados hay proyectos de ley pendientes para abordar el costo de la educación de los inmigrantes indocumentados.
Eso podría plantear un desafío al caso histórico “Plyler v. Doe” de 1982, cuando la Corte Suprema determinó por 5 votos a 4 que era inconstitucional que los estados obligaran a los estudiantes indocumentados a pagar para asistir a escuelas públicas o les prohibieran matricularse.
- Imagen de portada tomada/Agencias de Noticias – AFP/REUTERS
