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El Congreso de Estados Unidos pone su mirada en El Salvador por las violaciones de Derechos Humanos

Las autoridades de El Salvador aprobaron la extensión del estado de excepción por quinta vez con el objetivo de “resguardar la seguridad de los salvadoreños”.

Una audiencia convocada en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos repasó los principales abusos atribuidos al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Esto, en el marco del régimen de excepción que, en marzo pasado, decretó la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Esto, tras un pico de violencia que provocó 87 homicidios en 72 horas en el país centroamericano.

Bukele ha pedido cinco veces al congreso salvadoreño extensiones del régimen de excepción.

Todas han sido aprobadas por la mayoría del partido oficial en el parlamento.

Con ello, El Salvador va para medio año bajo ese régimen, periodo durante el cual 52,000 salvadoreños han sido detenidos, la mayoría sin una investigación exhaustiva previa.

76 personas han muerto mientras estaban en prisión o bajo custodia de agentes del Estado salvadoreño.

Según reveló Noah Bullock, miembro de la no gubernamental Cristosal y uno de los testigos en la audiencia convocada por el congreso estadounidense.

La audiencia fue convocada por los representantes James McGovern, demócrata de Massachusetts, y Christopher Smith, republicano de Nueva Jersey, copresidentes de la comisión Lantos.

Hubo dos paneles, uno formado por funcionarios de la administración Biden, y otro por representantes de ONG defensoras de derechos humanos.

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Entre ellas Human Rights Watch, y por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, colaborador habitual de Infobae.

La preocupación

La representante para América Latina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner y la abogada Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso explicaron que, desde que fue decretado el régimen de excepción no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución.

La representante de Humans Right Watch también detalló algunos de los abusos cometidos.

“En más de 120 casos documentados por HRW, las personas fueron sacadas de sus casas o arrestadas en las calles sin que las autoridades les mostraran una orden de arresto”.

Agrega Taraciuk Broner que, “en raras ocasiones los detenidos fueron informados de las razones por las que los arrestaban”.

Agregan que, “en muchos casos, los agentes se rehusaron a proveer información de los detenidos a las familias de estos”.

El Parlamento aprobó la quinta extensión del estado de excepción

Las autoridades de El Salvador aprobaron la extensión del estado de excepción por quinta vez con el objetivo de “resguardar la seguridad de los salvadoreños”.

El Legislativo a solicitud del Gabinete de Seguridad, aprobó con 66 votos a favor el estado de excepción.

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Por lo que continúa el régimen que consideran necesario por “los exitosos resultados que ha tenido la medida”.

El ministro de Justicia Gustavo Villatoro, dijo que, “los resultados del régimen de excepción han sido contundentes. Hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas, recién estamos terminando esta cuarta prórroga”.

Para demostrar dicha eficacia, Villatoro cifró en 50.000 las personas capturadas –supuestamente miembros de pandillas–.

También más de 1.300 las armas de fuego incautadas y en 1.551 los vehículos decomisados.

Los agentes también han confiscado más de 1.000.000 de dólares y 275.000 dólares en droga.

Manifestaciones en contra de la decisión

Previo al pedido de Bukele al Parlamento, familiares de los detenidos por el estado de excepción se concentraron a las afueras del Congreso.

lo anterior, para exigir la libertad de las que llamaron “víctimas del régimen”.

Asimismo, intentaron ingresar al recinto legislativo para presentar un pliego de demandas.

Pero fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con púas y les cerraron el paso, sin que se registraran incidentes.

El pasado mes de marzo el Congreso aprobó el estado de excepción que limita, entre otras cosas, la libertad de asociación.

Suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

Amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva.

Y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

ONU pide a El Salvador garantizar los DDHH

La coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, enfatizó que las medidas de un régimen de excepción en el país “deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos”.

Una escalada de asesinatos a finales de marzo dio pie a que el Gobierno de Bukele pidiera la suspensión de garantías constitucionales.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación ante el aumento del número de homicidios en El Salvador.

  • Imagen de portada tomada/ hrw.org/es
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