La violencia asociada al crimen organizado sitúa a América Latina como la región más peligrosa del mundo.
Esta abre paso a un populismo represivo de peligrosas proyecciones, cuyo símbolo más notorio y emulado es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
De acuerdo a informes de Naciones Unidas, América Latina, con ocho por ciento de la población mundial, concentra 37 por ciento de los homicidios del planeta.
Se habla entonces de una generalizada crisis de seguridad, donde el mandatario salvadoreño puede exhibir con orgullo una disminución de 56,8% en el año 2022.
Las comparaciones en porcentajes resultan engañosas si se prescinde de los datos en números absolutos. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Chile aumentó 32,2% en 2022 y en El Salvador fue de 7,8.
Las estadísticas porcentuales, magnificadas por los medios y por el hecho innegable de un aumento en los niveles de violencia de los crímenes, generalizan la inseguridad y el temor en la población.
Los riesgos de replicar este modelo en la región
El diciembre pasado como parte del Plan Nacional contra la Extorsión, el Gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aplicó el “estado de excepción parcial” por 30 días.
Esto con elobjetivo similar: promover la “seguridad en los espacios públicos” para incentivar la economía.
Tamara Taraciuk, subdirectora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), se mostró en contra de unmodelo como este.
“Los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”.
Por su parte, José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, dijo que “la adopción de esta medida en Honduras sugiere una convergencia regional”.
El populismo represivo
Bukele reemplazó las cárceles por virtuales campos de concentración. El 1,5% de los salvadoreños están privados de libertad, lo cual hace de este país centroamericano el de mayor población penal en el mundo.
Sin embargo, sondeos de opinión muestran que ocho de cada diez salvadoreños están satisfechos con el actual presidente y quieren su reelección.
Mientras algunas voces disidentes advierten que el Estado ha pasado a sustituir a las maras como agente de intimidación y concentración de poder.
La tentación de imitar a Bukele con un populismo represivo que se nutre de medidas efectistas está presente en toda América Latina.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, anunció a comienzos de abril que autorizaba la «tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal».
Delincuencia, narcotráfico y organizaciones criminales son términos recurrentes cuando se caracteriza la inseguridad.
A menudo se observa una peligrosa deriva en que las leyes y medidas de «gatillo fácil» abren paso a la represión contra las movilizaciones sociales.
Criminalización de los pobres
Los alcances autoritarios del «gatillo fácil» comprenden asimismo una criminalización de inmigrantes y de las barriadas pobres, catalogadas de territorios de pandilleros y de amparar redes de tráfico de drogas.
Aunque escasamente se persigue a grandes narcotraficantes y consumidores de los sectores de altos ingresos en las urbes latinoamericanas.
Las persecuciones políticas se disfrazan de seguridad, como ocurrió en Nicaragua en febrero con la expulsión y pérdida de la nacionalidad de 222 opositores.
El gobierno de Daniel Ortega los acusó de «traición a la patria», los calificó de «terroristas» y «mercenarios» y justificó la medida en nombre de la paz del país.
El último informe de Amnistía Internacional registra arbitrariedades en Venezuela que van hasta desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Haití, sumido en la ingobernabilidad, es otro país donde la inseguridad tiene como víctima a los derechos humanos.
Las complejidades del combate a la delincuencia pasan por potenciar las policías y también por la «justicia por mano propia» de los ciudadanos.
En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) autorizó a la Policía a matar criminales y amplió las facilidades para el porte de armas por civiles.
Su sucesor desde el 1 de enero, Luis Ignacio Lula da Silva suspendió esas medidas.
De la mano de la inseguridad, América Latina se convierte en una suerte de arsenal, con armas de mayor poder para las policías, y también con el comercio ilegal que nutre a las organizaciones criminales.
Un tercio de las armas de fuego incautadas el año 2017 en México, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua, venían de Estados Unidos.
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