El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha intensificado su lucha contra las pandillas, marcando un hito en su estrategia de mano dura con la implementación de nuevos cercos policiales en el país centroamericano.
Más de 4.000 agentes, compuestos por militares y policías, se han movilizado en un esfuerzo coordinado para cercar tres colonias en el extrarradio de San Salvador, con el objetivo de capturar a miembros de pandillas que han aterrorizado la región durante mucho tiempo.
Las ciudades de Apopa y Soyapango se encuentran en el centro de esta última operación, reforzando así los esfuerzos para reducir la influencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en la zona.
El presidente Bukele ha denominado esta operación como parte de la fase “Extracción” del Plan Control Territorial, que se puso en marcha en 2019 con la misión de llevar a los miembros de las pandillas tras las rejas.
En el marco de esta ofensiva, el ministro de Defensa, René Francis Merino, ha destacado que la respuesta de la población ha sido un factor clave para justificar el cerco militar, ya que se ha informado sobre posibles intentos de reorganización de pandilleros en la región.
El compromiso del gobierno es claro: no se detendrán hasta que todos los terroristas, como se refiere a los pandilleros, sean capturados.
La implementación de medidas de excepción, que suspenden garantías constitucionales, se ha utilizado para respaldar esta lucha.
La provincia central de Cabañas se ha convertido en el foco principal de esta ofensiva, una región agrícola y ganadera donde las pandillas han mantenido un fuerte control, ejerciendo extorsión y sembrando la violencia.
Fuertes críticas
Esta estrategia de seguridad ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian el uso desmedido de la fuerza, torturas, desapariciones y la persecución de voces críticas.
El presidente Bukele ha reafirmado su determinación de mantener este cerco de seguridad hasta que todos los pandilleros sean extraídos, con una movilización de 7.000 militares y 1.000 policías fuertemente armados.
La situación plantea un dilema entre la seguridad pública y las preocupaciones por los derechos humanos, generando un debate profundo en el país y más allá de sus fronteras.
Mientras tanto, la población de El Salvador observa con atención la evolución de esta intensa lucha contra las pandillas y su impacto en la nación.
Esta nueva ofensiva en la guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas no ha estado exenta de controversia.
A pesar de las intenciones declaradas de fortalecer la seguridad y poner fin a la violencia ejercida por las pandillas, la estrategia de cercos militares y el estado de excepción han suscitado preocupaciones en torno a los derechos humanos.
Se han informado detenciones arbitrarias y acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Además, se han denunciado casos de tortura, desapariciones y una creciente persecución contra voces críticas.
A medida que se intensifica la lucha, también aumenta la polarización en la sociedad salvadoreña. Algunos aplauden la determinación del presidente Bukele y ven estas medidas como necesarias para restaurar la paz en un país que ha sufrido durante mucho tiempo la amenaza de las pandillas.
Otros, en cambio, expresan su preocupación por el costo en términos de derechos civiles y libertades individuales.
Imagen de portada tomada/ El País
