Desde hace una semana Panamá registra fuertes protestas en sus principales avenidas.
Las mismas van en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo que aprobaron la explotación de minería abierta a una empresa canadiense en ese país.
Los principales disturbios se han presentado a unos 200 metros de la casa del Gobierno y que han sido confrontados por los cuerpos antidisturbios
Tras el lanzamiento de gases, la multitud dio marcha atrás, se agrupó de nuevo y se enrumbó hacia las zonas del centro financiero.
En estos exclusivos sectores residenciales del este de Ciudad de Panamá cada vez más llegan adeptos.
Los últimos dos últimos días han sido los más álgidos a falta de reversar dicha autorización por parte de los poderes públicos que dio luz verde a la multinacional norteamericana.
“No a la explotación minera”
Entre las arengas que gritan los manifestantes se escucha: “Abajo gobierno corrupto, arriba Panamá”, “No a la minería”.
Lo anterior iba acompañado de cacerolas, música y ondeaban banderas nacionales blanco, azul y rojo.
Estas protestas han llevado a que las protestas suspendan las clases en toda la capital panameña.
Asimismo, ha salido a las calles el poderos sindicato de la construcción.
También se sumaron los maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos, religiosos, transportistas y empleados de otros sectores.
Todos los gremios obreros están unidos con el fin de que se caiga la firma de este contrato que aseguran muchos ambientalistas es “perjudicial”.
Toda esta semana ha habido bloqueos de rutas en la capital y en distintos puntos del país, incluida en la carretera interamericana que comunica al país con el resto de Centroamérica.
Lo que se lee en medios locales, es que sean presentado choques entre policías que lanzan gases lacrimógenos y jóvenes que les tiran piedras y otros objetos.
Según las autoridades, ha habido decenas de detenidos, pero no hay reporte de heridos hasta el cierre de esta.
Lo que desató las protestas
Las calles se inundaron de gente luego de que el presidente panameño Laurentino Cortizo sancionara la ley que establece el contrato minero, aprobada pocas horas por el Congreso de ese país
Por ello, la población pide de forma inmediata que el acuerdo sellado entre la minera y el gobierno se cancele.
Teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia declaró este contrato inconstitucional en 2017.
Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es “inconstitucional” y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente.
La población no parece querer ceder ante su solicitud y seguirá en las calles hasta que su voluntad sea acogida y no se lleva a cabo la minería.
Aprobación a la empresa
A pesar de que las protestas iniciaron desde que se anunció la propuesta de la empresa al Gobierno panameño, un nuevo contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals para la operación de la mina más grande de Centroamérica y quye esta se haga a cielo abierto.
Con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, las bancadas legislativas dieron luz verde a un contrato que contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior, según explican varios expertos.
Además, la empresa canadiense se compromete a otras inversiones millonarias en las comunidades cercanas a la mina, situada en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital panameña.
Lo que algunos no creen suficiente para los recursos que está empresa logrará a futuro.
Los datos
El ambientalista Raisa Banfield, dijo que el gobierno debe anular dicho contrato con la empresa minera o de lo contrario seguirán en las calles.
Agregó el dirigente que “Las consecuencias por este contrato pueden ser gravísimas”.
La empresa y el gobierno han informado que la mina generaría 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aportaría el 4% del PIB a la economía panameña.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20.
Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
