El caso de un agente de la Guardia Civil, destinado en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, ha captado la atención pública después de ser condenado a cinco meses de prisión y diez meses de inhabilitación por haber dilapidado 9,000 euros en un salón de juegos.
Este dinero había sido incautado durante una operación antidroga llevada a cabo en verano de 2020 en Molina de Segura, Murcia.
El agente, quien en ese momento enfrentaba problemas de ludopatía, se apartó de su responsabilidad de custodiar los fondos confiscados, compuestos por billetes de 20 y 50 euros, así como bolsas de marihuana.
La sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Alicante se basó en el reconocimiento de los hechos por parte del acusado y su declaración de culpabilidad por malversación de caudales públicos, con una eximente incompleta debido a su alteración psíquica por la ludopatía.
En el marco de una operación antidroga en Molina de Segura, el agente había estado a cargo de los bienes incautados hasta el momento de presentarlos ante las autoridades judiciales.
Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber, optó por gastar la totalidad del dinero en una noche de juego en un casino de Alicante. Posteriormente, únicamente entregó la droga a las autoridades, omitiendo el reporte o entrega del dinero intervenido.
El trasfondo del problema
La resolución judicial ordena la restitución de los 9,000 euros a la Dirección General de la Guardia Civil, una cantidad que el acusado ya ha consignado en una cuenta bancaria judicial.
Además de la pena de prisión, se le ha impuesto una inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público durante diez meses.
La evitación de un juicio por jurado se logró a través de un acuerdo entre las partes, en el que el acusado aceptó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal.
Este caso ha generado un debate en torno a la integridad y responsabilidad de los agentes encargados de custodiar bienes incautados durante operativos policiales. La necesidad de implementar medidas más estrictas para garantizar la adecuada administración de estos fondos y evitar su mal uso se vuelve evidente.
La sentencia emitida, a pesar de la condena a prisión y la inhabilitación, reconoce la eximente incompleta debido a la ludopatía del agente, lo que indica la importancia de considerar circunstancias atenuantes relacionadas con problemas de salud mental al determinar la responsabilidad y sanciones en casos similares.
El impacto de este incidente se extiende más allá de la esfera legal, pues pone de relieve la necesidad de una mayor atención y apoyo a los agentes de seguridad, tanto para su bienestar emocional como para el cumplimiento efectivo de sus deberes profesionales.
