La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, fue arrestada hace un mes por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La activista venezolana durante el tiempo que lleva privada de su libertad, no ha tenido contacto con sus abogados.
San Miguel, solo se le ha permitido una visita y fue de su hija.
Se conoce muy poco de la situación de San Miguel, desde que fue vinculada por las autoridades con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro.
Canje de presos políticos
Tal parece que el gobierno de Maduro desea mantener su ‘stock’ de presos políticos con los cuales pueda negociar con Estados Unidos más adelante.
Recordemos que de esa forma consiguió la liberación de Álex Saab, presunto testaferro de Maduro.
El gobierno venezolano exigió y logró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden diera la orden de liberar a Saab.
Todo esto a cambio, que el gobierno de Venezuela dejara en libertad a presos políticos tanto estadounidenses como venezolanos.
En ese terrible escenario se encuentra Rocío San Miguel y varios coordinadores del partido Vente Venezuela encabezado por líder opositora María Corina Machado.
Acusada de espionaje
Tarek William Saab, fiscal general del Venezuela, acusó en una alocución televisada a San Miguel de ejercer labores de espionaje.
Además de utilizar información estratégica del Estado venezolano y de formar parte de una conspiración militar descubierta por las autoridades, denominada Brazalete Blanco.
La rápida detención y judicialización de San Miguel, su hija, dos de sus hermanos, su expareja y un allegado han causado miedo e indignación en muchos venezolanos.
Generando una larga cadena de reacciones de solidaridad de muchas organizaciones de la sociedad civil.
Presuntas pruebas en su contra
Saab reveló que su despacho tiene “suficientes elementos de convicción” que comprueban que San Miguel tenía pleno conocimiento de un movimiento militar.
El cual tenía previsto tomar los cuarteles del estado Táchira y asesinar presuntamente a Freddy Bernal, militante chavista y actual gobernador de esa zona fronteriza.
Tarek dijo que “es incompatible ser un defensor de derechos humanos y al tiempo ser parte de un plan para atacar cuarteles y secuestrar autoridades”.
Cuatro claves del caso de Rocío San Miguel
Indefensión
Rocío San Miguel fue arrestada la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto Simón Bolívar.
Sus abogados desde ese momento han intentado comunicarse con ella, pero se les ha negado el acceso.
Fue presentada ante un tribunal con competencias en terrorismo y forzada a aceptar un defensor público, estrategia habitual en casos de presos políticos.
Asimismo, San Miguel, es acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Única visita
La activista solo ha recibido una “única visita” el pasado 18 de febrero de su hija, Miranda Díaz.
Joel García abogado de Rocío San Miguel, expresó que gracias a Miranda conocieron que no había sido torturada.
Su situación es “totalmente desconocida porque no hay comunicación con ella, no se sabe de su estado anímico, de salud, si está comiendo”, añadió García.
Exesposo detenido
San Miguel dirige la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de los derechos humanos de civiles y militares.
Fue privada de su libertad junto a seis familiares, incluida su hija y su exesposo.
Miranda Díaz y tres familiares quedaron en libertad condicional.
Alejandro José González coronel retirado y exesposo de Rocío está detenido como ella.
González se encuentra en custodia del servicio de contrainteligencia (DGCIM) bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.
Pruebas
La casa de San Miguel fue allanada tiempo después de su detención, mientras su hija se encontraba en el lugar.
Las autoridades se llevaron mapas y computadores y colocados como “pruebas” de su relación con una presunta conspiración.
Saab enseñó partes de una “orden de operación” decomisada a un militar detenido, que también participaba en el plan de magnicidio.
El tiempo para que la Fiscalía termine sus investigaciones vence en 15 días, según la ley.
Según García, su defendida “sigue sin contar con los medios y el tiempo necesario para defenderse”.
