El presidente venezolano Nicolás Maduro viene buscando la forma de inclinar el campo de juego a su favor ante las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En esta oportunidad la oposición se la juega todo con su candidato Edmundo González que cuenta con el respaldo de los partidos de derecha y de la líder Mariana Corina Machado.
Esta coyuntura también plantea un dilema para actores externos como Estados Unidos y los vecinos de Venezuela.
Maduro, a pesar de su impopularidad, aspira a ganar un tercer mandato de seis años en el país petrolero que vive una crisis económica y social sin precedentes en ese país.
Las autoridades electorales y judiciales partidistas han prohibido a sus rivales más populares registrarse como candidatos, ignorando un pacto alcanzado por el gobierno venezolano en octubre de 2023 en Barbados.
La jugadita de Maduro
Este acuerdo allanó el camino para el alivio de las sanciones estadounidenses a Miraflores, pero Maduro salió más astuto que el inquilino de la Casa Blanca.
Si bien violar el pacto de Barbados debería tener consecuencias, un enfoque mesurado en lugar de una reversión total de las sanciones es probablemente la mejor manera para que EEUU mantenga su influencia en Caracas.
En cuanto a la oposición venezolana, que pudo verse tentada a no participar en elecciones defectuosas como en la elección de 2018, cuando se abstuvieron.
Pero en esta oportunidad se han unido para apoyar a un solo candidato para desafiar al titular.
No despega en las encuestas
Maduro, cuyo probable porcentaje de votos ronda el 20% según los encuestadores, parece más dispuesto a afrontar los costos de la restauración de las sanciones económicas que dejar el poder
Ante el catastrófico colapso económico de Venezuela, que redujo el 80 por ciento del PIB el presidente ve su supervivencia política como una victoria sobre los intentos liderados por EEUU de destruir la llamada “revolución”.
Los observadores cercanos al movimiento chavista, que lleva el nombre del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, han insistido durante mucho tiempo en que las elecciones competitivas serían una opción sólo si el gobierno estuviera seguro de que ganaría.
Sin embargo, el gobierno ha negociado con la oposición las condiciones para las elecciones de julio, en gran medida con la esperanza de un alivio de las sanciones económicas.
La mayoría de estas fueron promulgadas por la administración Trump durante el período de “máxima presión” sobre Maduro que siguió a la afirmación de la oposición de una elección amañada en 2018.
La oposición
Acosadas y frustradas por el gobierno, las fuerzas de oposición han luchado por decidir el camino a seguir.
A la candidata elegida en las primarias de 2023 de la opositora Plataforma Unitaria, María Corina Machado, se le ha prohibido postularse para cualquier cargo.
En marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) procedió a bloquear el registro de otra candidata sustituta, la académica jubilada Corina Yoris y finamente aprobó la de Edmundo González.
Sin embargo, existe el peligro de que la oposición no se una en torno a un abanderado en las urnas.
Y si teme que algunos miembros podrían en última instancia pedir un boicot de las elecciones, como ocurrió en 2018.
Los miembros más pragmáticos de la oposición insisten en que se debe dar a los votantes una opción viable, y que uno de los contendientes restantes de la oposición aún podría emerger como favorito.
Ofensiva contra la oposición
La administración chavista tampoco ha cumplido la promesa de promover “un discurso público y un clima social y político favorable de cara a la visita a las urnas”.
En cambio, ha montado una severa represión contra los políticos de la oposición y los activistas de la sociedad civil.
Además de tratar la disidencia o las críticas como evidencia de un complot contrarrevolucionario.
El caso más destacado es el del 11 de febrero contra una destacada activista de la sociedad civil, Rocío San Miguel.
Esta experta en defensa y seguridad de una ONG, fue detenida junto con su hija y otros cuatro miembros de su familia, algunos de los cuales fueron posteriormente liberado.
San Miguel, ha estado incomunicada y se le ha negado el acceso a sus abogados, es acusada de estar involucrada en una de las conspiraciones militares que el gobierno afirma haber descubierto.
Y lo último fue el retiro de la carta de autorización de la comisión de observación electoral de la Unión Europea que ahora ya no podrá estar.
- Imagen de portada tomada/CNN
