La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, inició una visita de cuatro días a El Salvador para conocer el “método” que aplica el presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas.
Bullrich dijo en su red social X que visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas en El Salvador.
Bullrich recorrió la megacarcel inaugurada en 2022 con capacidad para 40.000 reclusos junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.
La Casa Rosada, manifestó que, vienen tomando algunas medidas en consonancia con la gestión del gobierno Bukele en materia de seguridad, en especial sobre la gestión penitenciaria.
En enero, el diario El Clarín informó sobre la adopción de un nuevo protocolo de gestión de presos de alto riesgo en penales federales.
Algunas gobernaciones, como la de Santa Fe, han seguido iniciativas similares en los sistemas penitenciarios provinciales, para mejorar lo relacionado con la máxima seguridad de las prisiones.
La situación carcelaria en Argentina
En los últimos años, el país ha experimentado aumentos significativos de la población penitenciaria, lo que ha satura las instalaciones en varias provincias.
El gobierno informó que había más de 100.000 personas en centros de detención en 2022, un aumento del 77 por ciento desde 2010. Más de 12.000 estaban recluidos en comisarías de policía.
Para 2022, el 41 por ciento de la población carcelaria estaba esperando juicio, según mostraron datos oficiales.
La Oficina Nacional Penitenciaria reportó 316 denuncias de tortura o malos tratos en cárceles federales en 2022 y 66 de enero a marzo de 2023.
La Procuraduría General de la República reportó 42 muertes en cárceles federales en 2022, incluidas 10 muertes violentas.
En junio, según informes, las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy utilizaron fuerza excesiva contra personas que protestaban por las reformas a la constitución provincial, hiriendo a varias personas.
Lo que busca copiar Milei de Bukele
El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, ha visto disminuir su tasa de homicidios de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes cuando asumió el cargo en 2019, a solo 2,4 por 100.000 en 2023.
Sólo Canadá cuenta hoy con una tasa de homicidios más baja en el hemisferio occidental.
El éxito de Bukele en lograr una reducción dramática y (hasta ahora) sostenible de la violencia le ha ganado acólitos y admiradores en todo el continente americano.
También ha provocado consternación y condena tanto de la sociedad civil como de los gobiernos consternados por la brutalidad con la que Bukele ha aplicado su estrategia de seguridad.
Los llamados en todo el hemisferio para presentar una alternativa al “plan Bukele” se han vuelto cada vez más fuertes.
Seguridad estricta
Las explicaciones existentes apuntan hacia el encarcelamiento masivo y una política de seguridad militarizada, enfoques de control del crimen que se han experimentado en la región durante décadas con resultados mixtos.
El primer elemento del Plan Bukele, la sorpresa estratégica, puede haber sido el factor decisivo de su éxito inmediato.
Luego de un fin de semana de violencia en marzo de 2022 que en su punto álgido vio 62 homicidios en un solo día, El Salvador autorizó un estado de excepción, que luego se extendería mes tras mes por más de dos años seguidos.
Pero cuando la policía y las fuerzas militares salvadoreñas comenzaron a arrestar a cientos de presuntos miembros de pandillas, estos grupos criminales parecieron permanecer ocultos.
Se acabó la inmunidad de las bandas criminales
Durante años los grupos criminales salvadoreños habían entablado negociaciones secretas con el gobierno, disfrutando de impunidad a cambio de ayudar a mantener bajas las tasas de homicidio.
El propio Bukele había pactado con las pandillas, mientras que un informe de El Faro reveló que su campaña electoral de 2018 incluso fue financiada en parte por la MS-13.
Cuando el acuerdo secreto entre el gobierno de Bukele y las pandillas se rompió a finales de 2021, los criminales parecen haber recurrido a una forma de negociación violenta para restablecer el status quo.
Sin embargo, esta estrategia por parte de las pandillas estaba eminentemente mal preparada para enfrentar toda la fuerza del aparato de seguridad salvadoreño que Bukele desplegó en respuesta.
Las pandillas estaban aún menos preparadas para la capacidad de Bukele de reunir la voluntad política necesaria para mantener esta respuesta durante tanto tiempo.
Compárese esto con el caso de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa debe dirigir su política de seguridad a través de una legislatura controlada principalmente por la oposición, cuyo consenso sobre estrategias de lucha contra el crimen ya se está desgastando.
Finalmente, a pesar de encarcelar a casi el 2 por ciento de la población adulta de El Salvador, Bukele ha conservado el control sobre las cárceles repletas del país.
- Imagen de cortesía/Gobierno de El Salvador
