Luisiana se ha convertido en el primer estado de los Estados Unidos en imponer la castración quirúrgica como castigo penal.
La nueva ley, permite al tribunal ordenar la castración quirúrgica a hombre y mujeres como castigo para los adultos condenados por violación agravada contra víctimas infantiles menores de 13 años.
Algunos estados ya imponen la castración química, un procedimiento reversible, como castigo, pero sólo Luisiana exige la castración quirúrgica.
Los críticos, advierten que tales leyes son radicalmente punitivas y, en última instancia, ineficaces para prevenir delitos.
Entre quienes se han manifestado abiertamente en contra de la ley se encuentra George Annas, director del Centro de Derecho, Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Boston.
El experto calificó la medida de “antimedicina” e inconstitucional: “Simplemente no tiene sentido”.
Se anticipan desafíos legales
Luisiana y otros estados, incluidos California y Florida, ya tienen leyes que imponen la castración química para ciertos delitos sexuales.
Ese procedimiento generalmente implica inyecciones de Depo Provera, un medicamento anticonceptivo que reduce temporalmente la testosterona tanto en hombres como en mujeres.
Pero incluso ese procedimiento tiene sus detractores.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) nunca ha aprobado el medicamento para el tratamiento de delincuentes sexuales y los críticos denuncian que se coloca a los médicos en la posición de imponer castigos.
Leyes como estas ya han sido derogadas en Oregón y Georgia y declaradas inconstitucionales.
Para entender la medida
A diferencia de la castración química, la castración quirúrgica es permanente.
Abogados como Annas han planteado dudas sobre si la castración quirúrgica viola la prohibición de la Constitución de Estados Unidos contra los “castigos crueles e inusuales”.
Annas advierte que la ley también es inconstitucional, ya que niega el derecho a la reproducción y el derecho a la integridad física.
Según la nueva ley de Luisiana, un infractor puede negarse al procedimiento, pero si lo hace, recibirá una pena adicional de entre tres y cinco años de prisión.
“Es manifiestamente inconstitucional”, afirmó Annas. “No hay forma de que ningún juez de este país, ni siquiera de Luisiana, considere que se trata de un castigo válido”.
Giacomo Castrogiovanni, abogado que administra el programa de reingreso en la Clínica Jurídica de la Universidad Loyola, describió la nueva ley como “muy agresiva” y está de acuerdo en que enfrentará desafíos legales.
“Creo que será un desafío muy fuerte”, dijo Castrogiovanni, pero no está tan seguro como Annas de que logre derribar la ley. “Realmente no sé qué va a pasar. Será interesante”.
Algunos creen que no sería eficaz
Más allá de sus méritos legales, la ley de castración quirúrgica ha suscitado escrutinio sobre su eficacia en el combate a los delitos sexuales.
Annas argumentó que la ley simplemente sería ineficaz. “Es muy difícil encontrar un médico que piense que esto tiene algún sentido médico”, dijo.
La Dra. Katrina Sifferd, investigadora de justicia penal y ex analista legal del Instituto Nacional de Justicia, también expresó su escepticismo.
“A veces se afirma que esto va a rehabilitar, disuadir o incapacitar”, dijo. “Y parece que ese no es el caso”.
Sifferd explicó que las personas que cometen delitos sexuales contra niños lo hacen por muchas razones diferentes: “trauma, agresión, necesidad de amor, todo tipo de cosas” que la castración no abordaría.
“El sistema de justicia penal tiene que mantener su autoridad moral y cada castigo que se aplica tiene que estar justificado”, afirmó Sifferd.
“De lo contrario, lo que permitimos al Estado es una pendiente realmente resbaladiza”.
Un enfoque punitivo
La nueva ley pone de relieve preocupaciones de larga data sobre la naturaleza punitiva del sistema de justicia penal de Luisiana.
A Luisiana se la ha denominado la “capital mundial de las prisiones”.
Tiene la tasa de encarcelamiento más alta de todos los estados de un país que ya supera a todas las demás democracias en cuanto a proporción de personas tras las rejas.
De cada 100.000 habitantes de Luisiana, aproximadamente 1.067 están encerradas en cárceles, prisiones y centros de detención.
La ley de castración quirúrgica de Luisiana entra en vigor como parte de una serie de leyes que crean aún más delitos para procesar.
