Miles de personas tomaron las calles en varias ciudades de Perú este jueves para exigir nuevas elecciones y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Recordemos que el exmandatario está detenido bajo acusación de rebelión y conspiración por la fiscalía peruana tras un fallido autogolpe.
Las protestas crecen con el paso de las horas, después de que el Congreso destituyera a Castillo y asumiera el mando del país la vicepresidenta Dina Boluarte.
Castillo intentó disolver el Legislativo e instaurar un régimen de excepción para gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta -la primera mujer en dirigir a Perú, un país de fuerte cultura machista-, a quien algunos izquierdistas tildan de “traidora” por haber asumido el cargo.
En Lima, capital peruana, una protesta de cerca de un millar de personas marchó hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos.
Así las cosas, los marchantes coreaban “¡Pedro Castillo, Perú está contigo!” y “¡Si no hay liberación, habrá revolución!”, cuentan medios locales.
Asimismo, las protestas también se reportaron en varios departamentos y ciudades del interior de Perú como Chota, Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.
Las manifestaciones comenzaron la noche del miércoles, cuando cientos de simpatizantes y de opositores de Castillo se concentraron en las calles de la capital.
Lo que dice la banca sobre esta crisis
El banco de inversión BTG Pactual proyectó tres escenarios que se pueden dar a corto plazo en el país andino.
El primero de ellos -y el más probable (70%)- dice relación con que el cumplimiento de las funciones de Boluarte. La mandataria comenzaría a construir puentes y así lograría terminar su mandato en 2026.
La segunda opción, aunque con menor probabilidad (20%) de ejecución, es que se llame a nuevas elecciones, “que favorecerían a la centro-derecha”.
Mientras que la tercera opción (10%) es la destitución de la jefa de Estado.
Respecto de lo sucedido durante la jornada del miércoles, el banco de inversión aseguró que los hechos son “marginalmente positivos”.
Para las acciones peruanas; sin embargo, “la elección del primer gabinete, probablemente, dictará el curso de su administración”.
BTG Pactual estimó que la mandataria “no tiene margen de maniobra y sí una tolerancia al error absolutamente mínima”.
Sin embargo, lo más importante es que los acontecimientos “han demostrado que las instituciones peruanas funcionan de acuerdo con su propósito.
¿Y el asilo a Castillo?
En los últimos días, México ha estado al tanto de los desarrollos de los acontecimientos políticos en Perú y tanto su presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que el embajador de su país en Perú se había reunido con el detenido Castillo, quien ratificó su solicitud de asilo.
López Obrador detalló que, tras el contacto del miércoles, solicitó que le abrieran las puertas de la legación diplomática a Castillo.
“Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías, y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, cuentan medios peruanos.
El mandatario mexicano, ha dicho que la política exterior de México se rige por la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, mientras a su vez lamentó la destitución de Castillo.
Pero ¿Qué es un asilo político?
La figura del asilo ha sido asociada a refugiados y migrantes, quienes recibieron una protección temporal por parte de algunos gobiernos.
Su definición nos precisa que es un amparo privilegiado y benéfico que se otorga a determinados ciudadanos que precisan una asistencia de carácter urgente.
Este concepto comprende una ayuda que se concede a un extranjero que haya sido desterrado o que esté huyendo de su país por motivos políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que es una institución en virtud de la cual se prioriza la protección de personas “cuya vida o libertad se encuentran amenazadas o en peligro”.
Esta instancia como resultado de una persecución o de violencia relacionados a acciones u omisiones de un Estado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene que los Estados tienen la obligación de “prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención”.
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