En estos momentos ni la ‘Mara Salvatrucha-13’, ni las dos facciones del ‘Barrio 18’ –‘Sureños’ y ‘Revolucionarios’-, operan en las calles de El Salvador como lo hacían antes.
Según un extenso informe del medio digital local El Faro, tras diez meses de régimen de excepción, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desestructurado a las pandillas.
Durante el 2022 El Salvador, socavó el control territorial, (su principal vía de financiamiento) y su estructura jerárquica que llevó a eliminarlas casi al 100%.
El Faro visitó comunidades que solían vivir bajo control pandillero en las zonas occidental, central y oriental de El Salvador.
El importante medio de comunicación, habló con empresarios de distintos niveles sometidos por años al pago de extorsión; con policías, líderes de ONG y políticos de oposición.
Todos ellos concluyeron que las pandillas “prácticamente ya no existen de la manera en que El Salvador las padeció durante años”.
Familias recuperan casas tomadas por pandillas
Ana Vilma Cuéllar, una de las cientos de salvadoreñas que tuvo que abandonar su hogar junto a su familia porque los pandilleros se la “quitaron”.
La mujer, regresó al sector de La Campanera, un suburbio de San Salvador, para recuperar su casa, luego de ser expulsada desde el 2002.
La última vez que Cuéllar visitó La Campanera, en 2003, se marchó frustrada, porque el autobús en que viajaba fue blanco de disparos de pandilleros.
Ahora se percibe un ambiente de seguridad en esta zona de pequeñas viviendas de clase trabajadora, que por años la pandilla Barrio 18 sometió.
“He pasado muchas cosas [dificultades]”, indica esta extrabajadora de una maquila, que tuvo que arrendar otra vivienda en Ilopango, un suburbio capitalino controlado por otra pandilla.
¿Cómo surgieron las pandillas en El Salvador?
Las pandillas llegaron a El Salvador deportadas desde California a finales de los 80, nutridas por personas que habían huido de la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992).
Durante la posguerra, poco a poco, esas estructuras prosperaron en este país centroamericano sin estar en el centro de la política de seguridad del Estado.
En 2003, durante la administración del arenero Francisco Flores (1999-2004), se lanzó el Plan Mano Dura, que ubicó a esos grupos criminales en primer plano.
Desde entonces, las pandillas crecieron, al igual que los índices de homicidios del país, que llegaron a su punto más alto en 2015 cuando hubo 103 homicidios por cada 100,000 salvadoreños.
Al menos desde 2012, bajo el primer gobierno del partido FMLN, las pandillas pactaron con los políticos un intercambio: “reducción de homicidios por beneficios carcelarios”.
Las negociaciones se dilapidaron paulatinamente por cálculos políticos, pero las pandillas nunca dejaron de crecer.
Según El Faro, las pandillas llegaron alcanzar el número de 70,000 miembros activos en un país de 6.5 millones de habitantes.
Uno de los ejemplos de su poder ocurrió en junio de 2010, cuando la pandilla Barrio 18 quemó vivas a 17 personas en un microbús.
Reseña la noticia de aquel entonces que, esto se dio porque esas personas habitaban una comunidad controlada por la Mara Salvatrucha-13.
El régimen de excepción de Bukele
Esta iniciativa presidencial fue aprobada por La Asamblea Legislativa a finales de marzo de 2022.
Lo anterior, como respuesta a la masacre cometida por la MS-13 ese mismo mes, en el que 87 personas fueron asesinadas.
Esta masacre marcó el final del pacto que Bukele mantenía en secreto con las pandillas desde el inicio de la administración.
Este acuerdo incluía incluso sacar de prisión a, al menos, un líder histórico de la pandilla MS-13.
El régimen de excepción implica que la Policía puede detener a cualquier ciudadano sin una orden judicial y sin informar las razones de la detención.
Además, el plazo de detención provisional ha sido ampliado de 72 horas a 15 días, sin derecho a la defensa. Las comunicaciones también pueden ser intervenidas sin necesidad de una orden judicial.
El Régimen de Excepción y sus posteriores diez prórrogas mensuales han sido aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso.
Durante este periodo han sido capturadas 63,000 personas, según declaraciones gubernamentales, hasta enero de 2023.
El reclamo de las ONG
Varias organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights han documentado cientos de detenciones arbitrarias, torturas y muertes mientras las personas estaban bajo custodia del Estado.
Estas organizaciones presentaron un informe que titularon “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”.
En julio de 2022 -cuatro meses después de aprobado el primer régimen de excepción- las denuncias de habeas corpus habían roto récords históricos.
La Corte Suprema de Justicia recibió durante estos cuatro meses 1,090 recursos por abusos de autoridad y atropellos cometidos por policías y militares.
Todo lo relacionado con el régimen de excepción está cubierto por un manto de opacidad: no existe manera de verificar el número oficial de detenidos.
Datos básicos de las detenciones, como edades, lugar de capturas, delitos imputados o pandilla con la que se vincula al detenido, están reservados.
