Aumenta la tensión diplomática entre Colombia y Guatemala

La Fiscalía guatemalteca anunció una investigación contra el ministro de Defensa de Colombia por presuntas irregularidades al mando de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2017.

La tensión entre los gobiernos de Colombia y Guatemala aumenta en medio de señalamientos de corrupción entre ambos ejecutivos.

La noticia de que el país centroamericano estaba emprendiendo acciones legales contra el ministro de Defensa de ese país Iván Velásquez ha encendido las alarmas.

Entrando en una crisis diplomática sin precedentes y con la amenaza de romper las relaciones bilaterales.

La Fiscalía guatemalteca anunció la apertura de una investigación contra el ministro en mención por presuntas irregularidades durante su gestión al mando de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2017.

Principalmente las tramas desarrolladas alrededor del caso de la empresa brasileña Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción en América Latina.

Frente a esta situación el presidente colombiano Gustavo Petro ha respondido tajantemente a las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala:

Primero cuestionó la validez de los procesos legales del país centroamericano y después procedió a defender al ministro Velázquez.

“Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, dijo el mandatario.

Lo anterior, va de la mano del llamado a consultas a la embajadora colombiana en Guatemala, Victoria González Ariza que hizo el presidente de izquierda.

A su turno, “el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca”, reza un corto comunicado de esta dependencia.

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Asimismo, anunció que responderá a las medidas colombianas con reciprocidad, llamando a consultas a la embajadora Reagan Vega en Bogotá.

Las acusaciones

Velázquez, es señalado de presuntamente avalar, de forma irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en los casos de sobornos de la constructora Odebretch.

La investigación fue ordenada por el fiscal Rafael Curruchiche, que EE. UU. supuestamente habría incluido en la Lista Engel, donde sanciona a funcionarios del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Lo anterior, porque al parecer Curruchiche habría cometido actos de corrupción o para socavar la democracia de sus países, según el gobierno norteamericano.

Lo que deslegitima la investigación por parte de la Fiscalía guatemalteca al ministro colombiano.

Velázquez, el incómodo zar anticorrupción

Fue el personaje más incómodo para los últimos gobiernos de Guatemala. Pero al mismo tiempo, pocos lograron un respaldo tan amplio en ese país.

Iván Velásquez Gómez, se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En 2017 el entonces presidente Jimmy Morales lo declaró persona no grata y ordenó su salida del país.

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La decisión en ese entonces provocó una oleada de protestas en las calles y en redes sociales, donde sus defensores usaron la etiqueta #Ivansequeda.

Muchos pidieron la renuncia de Morales, pero otros en cambio apoyaron al presidente y exigieron su expulsión del país.

Alcaldes, gobernadores departamentales y el expresidente Otto Pérez Molina –encarcelado por una investigación de la Cicig y el Ministerio Público- respaldaron la decisión de Morales.

Mientras que la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y el secretario General de la ONU, António Guterres, apoyaron al comisionado.

Su trabajo en Guatemala

En 2006 por acuerdo de la ONU y el gobierno de Guatemala, se creó la Cicig para apoyar a la Fiscalía, a la Policía Nacional Civil y otras instituciones para investigar delitos de cuerpos ilegales de seguridad y desmantelarlos.

Con los años, la Cicig se convirtió en un elemento fundamental para desarticular las redes mafiosas dentro del Estado.

Así, desde su designación en agosto de 2013 consiguió el encarcelamiento de políticos y empresarios acusados de corrupción. Varios más están prófugos o bajo proceso judicial.

El caso más destacado es el conocido como ‘La línea en 2015’, una cadena de corrupción que mantiene en prisión al entonces presidente Pérez Molina, obligado a renunciar por el escándalo.

También fueron encarcelados la vicepresidenta Roxana Baldetti y casi todos los miembros de su gabinete.

Velásquez es recordado por haber adelantado las investigaciones del caso de corrupción de aduanas de “La Línea”.

En este caso se encontró que varios importadores tenían contacto con varios tramitadores, entre los que se encontraban funcionarios del gobierno, quienes ayudaban a pagar menos impuestos a cambio de sobornos.

Esto se hacía a través de una línea telefónica mediante la cual se gestaban los fraudes.

Esta línea fue interceptada en la investigación que terminó con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, en mayo de 2015.

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