El ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador, Romeo Herrera y explicó las recientes reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del país.
Las reformas, encaminadas a lograr una “tolerancia cero” con los conductores peligrosos, ya han mostrado resultados prometedores en la reducción de incidentes relacionados con el tránsito durante el período vacacional de fin de año.
“El objetivo fundamental de estas reformas es prevenir tragedias y proteger la vida de los salvadoreños”, afirmó Herrera.
Al mismo tiempo informó que entre el 23 de diciembre y el 2 de enero pasado se registró una disminución significativa de los accidentes viales.
Según los datos, se presentaron 96 incidentes menos en comparación con el año anterior.
Las reformas también se tradujeron en 97 heridos menos (una reducción del 24%) y 16 muertos menos (una reducción del 29%).
La conducción bajo los efectos del alcohol también ha experimentado un marcado descenso.
“Hemos visto una reducción del 34% en los conductores bajo los efectos del alcohol”, señaló Herrera.
Detenciones a personas embriagadas
Las autoridades detuvieron a 94 conductores peligrosos por delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.
Por lo anterior, el ministro destacó las sanciones más severas que se han establecido.
Los conductores que sean sorprendidos bajo la influencia del alcohol se enfrentan a una multa de 150 dólares.
Y asimismo, a una suspensión de la licencia de 12 meses.
Los reincidentes se arriesgan a una revocación de por vida de la licencia.
Los casos graves, como los accidentes mortales por conducir ebrio, se clasifican ahora como homicidio vehicular, punible con entre 5 y 10 años de prisión para los conductores de vehículos privados y hasta 15 años para los operadores de vehículos de transporte público o de carga.
Herrera también anunció la próxima implementación de un sistema de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero.
Lo que se busca con esta medida
El sistema se enfocará inicialmente en educar a la ciudadanía, asegurar la correcta señalización vial y, paulatinamente, hacer cumplir los límites de velocidad.
“Actualmente, estamos detectando un promedio de 1,200 conductores que exceden los 90 km/h diariamente en esta vía”, reveló Herrera.
“Nuestro objetivo no es poner multas sino incentivar una conducción más segura”.
El alto funcionario enfatizó el compromiso del Gobierno de promover la seguridad vial a través de leyes más estrictas, avances tecnológicos y campañas de concientización pública, garantizando carreteras más seguras para todos los salvadoreños.
Sistema judicial
La debilidad del sistema judicial ha exacerbado durante mucho tiempo la inseguridad general de El Salvador. La mayoría de los delitos quedan sin resolver y los sospechosos pueden pasar años tras las rejas antes de ser juzgados.
La corrupción en el sistema judicial de El Salvador ha sido otro problema clave. Se ha descubierto que algunos jueces han aceptado sobornos de grupos del crimen organizado a cambio de favoritismo según reseña InSight Crime.
Además, el proceso de selección para nombrar a los jueces de la Corte Suprema ha sido obstaculizado anteriormente por representantes del Congreso con vínculos con la corrupción y el crimen organizado.
El débil sistema judicial de El Salvador también ha contribuido a un fenómeno de escuadrones de la muerte, con casos en los que ciudadanos y posiblemente policías llevan a cabo una “limpieza social” de criminales y otras personas consideradas indeseables.
Bajo el gobierno de Bukele, las principales instituciones judiciales se han alineado con los intereses del gobierno. En 2021, el presidente aprovechó la abrumadora mayoría de su partido en la Asamblea Legislativa del país para reorganizar a los magistrados de la Corte Suprema a su favor.
Apoyo de poder legislativo
Los legisladores alineados con Bukele también despidieron al fiscal general del país, que estaba investigando la corrupción gubernamental. La Asamblea Legislativa también purgó el poder judicial a fines de 2021, despidiendo a docenas de jueces. Muchos de los reemplazos tenían vínculos con la administración de Bukele.
La combinación de estas fuerzas ha acabado prácticamente con la independencia judicial, lo que ha ayudado al presidente a llevar las medidas de seguridad a nuevas cotas.
Los tribunales han permanecido en silencio ante la violación sistemática del debido proceso, mientras que los fiscales han ayudado a facilitar oleadas de detenciones dudosas, muchas de ellas basadas en poca o ninguna prueba.
El gobierno también aprobó una ley para introducir juicios masivos para grupos de hasta 900 presuntos miembros de bandas, lo que genera más inquietud sobre el acceso a juicios justos.
Prisiones
Las cárceles de El Salvador, reseña InSight Crime, que están notoriamente superpobladas. Años de estricta legislación antipandillas han llenado las instituciones penales del país varias veces su capacidad.
El estado de excepción de Bukele ha exacerbado el problema: a fines de 2023, las cárceles de El Salvador albergaban a más de 105.500 detenidos, más del doble de la capacidad estimada del sistema penitenciario.
La prisión preventiva contribuye al hacinamiento desenfrenado, al igual que la suspensión de los derechos constitucionales a la defensa legal bajo el estado de excepción, que ha dejado a los sospechosos languideciendo en prisión durante meses o años antes de ver a un juez.
El dato
Las prisiones de El Salvador solían estar divididas por pandillas, y los miembros de las distintas pandillas eran enviados a distintas prisiones de acuerdo con un informe de InSight Crime.
Esta política permitió que la MS13 y Barrio 18 establecieran un dominio total sobre las prisiones que controlaban, convirtiéndolas en centros de reclutamiento, operaciones criminales y consolidación de pandillas, en muchos sentidos, una sede de facto de las pandillas.
Esto se vio facilitado por instalaciones con escasez de personal y recursos, lo que significaba que los guardias de la prisión generalmente se veían relegados a simplemente hacer guardia en los muros de la prisión, dejando a los reclusos en control de la vida cotidiana.
Durante esta época, se esperaba que los pandilleros libres ayudaran a los que estaban tras las rejas enviándoles dinero y suministros. Los líderes de las pandillas encarcelados a menudo dirigían la actividad delictiva en las calles a través de teléfonos celulares y mensajeros.
- Imagen de portada tomada/AFP – MARVIN RECINOS
