En Arabia Saudita el chisme no es un simple pasatiempo. El país cuenta con una de las leyes más estrictas del mundo respecto a lo que se dice y se comparte en redes sociales. Bajo su Ley de Delitos Cibernéticos, la difusión de rumores o mensajes considerados dañinos para el orden público o la reputación de alguien puede castigarse con hasta cinco años de cárcel y una multa equivalente a cientos de miles de dólares.
Una ley que busca proteger el orden público
El artículo 6 de la normativa establece que toda persona que “produzca, prepare, transmita o almacene material que afecte la moral pública, los valores religiosos o el orden social” puede ser procesada. Esto incluye publicaciones, mensajes o comentarios en plataformas digitales.
Las autoridades argumentan que la norma busca preservar la estabilidad del país y evitar la propagación de información falsa o dañina en internet. Sin embargo, organismos de derechos humanos advierten que su redacción es tan amplia que podría aplicarse incluso a opiniones o críticas consideradas inofensivas en otros lugares.
Qué se considera delito
No se castiga el chisme cotidiano entre amigos, sino la difusión pública de rumores que puedan perjudicar la imagen de personas, instituciones o símbolos nacionales. Si un comentario se publica en redes o llega a medios digitales y se interpreta como amenaza al orden público, puede acarrear consecuencias legales.
En los últimos años se han registrado casos en los que usuarios fueron sancionados por comentarios que las autoridades consideraron ofensivos o perjudiciales para la reputación de otros.
Libertad digital bajo vigilancia
Arabia Saudita ha modernizado gran parte de su infraestructura tecnológica, pero su control sobre la información en línea sigue siendo estricto. Expertos señalan que las sanciones severas buscan disuadir el uso irresponsable de las redes, aunque también generan preocupación sobre la libertad de expresión.
Mientras en otros países el chisme puede quedarse en una charla de café, en Arabia Saudita podría transformarse en un asunto judicial. Un recordatorio de que no todo lo que se publica en internet se puede borrar, y mucho menos, ignorar.
