De acuerdo con una publicación reciente del medio de comunicación La Prensa Gráfica, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 158 denuncias sobre personas desaparecidas.
Estas se habrían dado entre del 1 de enero al 15 de marzo de este año en El Salvador.
Según la información, estos datos fueron recopilados de la base de datos de la PNC por un grupo de hackers.
En ella, señalan que de las 158 desaparecidas, 68 serían mujeres y de ellas 50 menores de edad.
A esta problemática se suman las desapariciones forzadas de corta duración ocurridas desde el inicio del régimen de excepción.
Lo anterior hace referencia a personas que las fuerzas del Estado no reconocen como capturados, pero presuntamente los mantiene detenidos sin dar reportes oficiales.
Durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2023, organizaciones defensoras de derechos humanos, documentaron 327 denuncias de desapariciones forzadas.
A todas estas desapariciones las precedieron detenciones ilegales y arbitrarias de policías o militares.
Estas se caracterizaron por la negación de información sobre el paradero de las personas privadas de libertad.
Todo esto reposado también en el Informe anual 2023 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Muertes entre detenidos
Según el gobierno salvadoreño, más de 59.000 presuntos pandilleros han sido detenidos bajo la emergencia, que permite realizar arrestos sin orden judicial.
Pero el informe de las ONG dice que “cientos de personas sin conexiones aparentes con la actividad abusiva de las pandillas” han sido detenidas.
A menudo por su “apariencia y origen social” o por llamadas anónimas y acusaciones no corroboradas en las redes sociales.
“Descubrimos que las violaciones de derechos humanos no fueron incidentes aislados cometidos por agentes deshonestos”, dijeron las ONG en un resumen del informe.
Unas 90 personas detenidas bajo la declaración de emergencia murieron mientras estaban encarceladas, dijeron las ONG.
En un llamado al gobierno de Nayib Bukele, las ONG dijeron que se debería poner fin al estado de emergencia.
“Y es que sin pruebas creíbles de que sus restricciones a los derechos fundamentales sean proporcionadas y estrictamente necesarias, es una violación”.
Detenidos sin causa alguna
La Fundación para el Debido Proceso Legal publicó un informe el martes advirtiendo que el gobierno de Bukele podría ser culpable de crímenes contra la humanidad mientras continúa su represión.
“Más de 76.000 personas, incluidos menores, han sido detenidas en virtud del estado de excepción, acusadas de tener vínculos con bandas”, escribió la organización.
Muchas o la mayoría de estas detenciones parecen ocurrir sin ningún motivo razonable para sospechar que la persona haya cometido un delito.
La mera apariencia física (incluidos los tatuajes) parece ser suficiente para poner a las personas en riesgo de ser arrestadas, y los jóvenes de los distritos pobres son un objetivo particular.
Las detenciones de esta naturaleza son en sí mismas discriminatorias y bien pueden considerarse arbitrarias.
Según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, según el derecho internacional, “la base jurídica que justifica… la detención debe ser accesible“.
Sin control y sin pruebas
Amnistía Internacional señaló que los defensores de los derechos humanos y los disidentes también enfrentan “un mayor riesgo” bajo el estado de emergencia, “ya que son criminalizados“.
Como informó Common Dreams esta semana, está previsto que cinco defensores del agua sean juzgados por el presunto asesinato de un informante militar, acusación de la que el gobierno no ha presentado pruebas.
En medio de esta situación el Gobierno de Bukele ha creado la imagen ante la comunidad internacional de que su administración tiene las ideas “perfectas para luchar contra la inseguridad”.
Pero reducir la violencia de las pandillas reemplazándola por violencia estatal no puede ser un éxito, afirman las ONG.
“Las autoridades en El Salvador deben centrar la respuesta estatal en políticas integrales que respeten los derechos humanos y busquen soluciones de largo plazo”, reseñan las organizaciones humanitarias.
Así las cosas, el llamado de las ONG a la comunidad internacional, es que rechacen cualquier abuso por parte de cualquier gobierno elegido democráticamente.
