El 19 de noviembre de 2024, el Consejo de ministros español aprobó un nuevo Reglamento de Migraciones que tiene como objetivo mejorar la integración de los ciudadanos extranjeros a través de tres ámbitos clave: empleo, educación y familia.
Esta reforma es la más importante de los últimos 13 años y está diseñada para adaptar la legislación a las realidades actuales, los retos demográficos y los estándares europeos.
Todos los permisos de residencia iniciales se expedirán por un año, con posibilidad de prórroga por cuatro años.
La validez del visado de búsqueda de empleo se ha ampliado de tres meses a un año.
Se introduce una nueva categoría de “segunda oportunidad” para obtener la residencia bajo el proceso de arraigo social, permitiendo a las personas que hayan perdido su permiso de residencia en los dos últimos años legalizar su situación.
Para entender la medida
El requisito de estancia mínima para la legalización por arraigo social se reduce de tres años a dos años (excepto para la categoría familiar).
A los estudiantes se les permitirá trabajar hasta 30 horas por semana durante sus estudios.
Se ha simplificado el proceso para cambiar del estatus de estudiante al de permiso de trabajo después de la graduación.
La edad de los hijos de ciudadanos españoles para la reagrupación familiar se amplía hasta los 26 años.
Se reconoce el derecho a obtener un permiso de residencia a las parejas de hecho si se acredita el vínculo familiar.
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Sáiz, ha afirmado que el objetivo es regularizar anualmente hasta 300.000 personas en los próximos tres años, lo que mejorará la competitividad de las empresas españolas y facilitará el acceso a mano de obra cualificada.
La mejora de la integración de los inmigrantes pretende reducir la discriminación y aumentar la contribución de los trabajadores extranjeros a la economía.
La acogida de la migración
El tono de la política migratoria europea es duro. Medidas disuasorias como las expulsiones forzosas, los controles fronterizos y la suspensión de la legislación de asilo de la UE no sólo son objeto de intensos debates, sino que ya se están aplicando.
Bruselas incluso está experimentando con la externalización de los procedimientos de asilo a otros países, a pesar de los reveses iniciales.
El intento de Italia de expulsar a los solicitantes de asilo a Albania, por ejemplo, todavía no ha dado frutos.
En España la situación es distinta. El país fronterizo exterior de la UE se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos de los migrantes que llegan a Europa.
Con alrededor de 700.000 solicitudes de asilo desde 2015, se sitúa entre los cuatro primeros países con más solicitudes.
Además, ha acogido a más de 220.000 refugiados procedentes de Ucrania.
Cada mes, las autoridades fronterizas españolas registran una media de 5.000 cruces fronterizos indocumentados.
España y los inmigrantes
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez ha reiterado en diversas ocasiones que los inmigrantes son bienvenidos.
El líder socialista también ha abogado por una reforma de la ley de inmigración española, destinada a facilitar el acceso al mercado laboral de los inmigrantes y que debería entrar en vigor este año.
Se prevén plazos más cortos para los permisos de residencia y trabajo, de los que se beneficiarán los estudiantes inmigrantes, los solicitantes de empleo, las familias y, en particular, los solicitantes de asilo rechazados.
Según la nueva normativa, los solicitantes de asilo rechazados que hayan residido en España de forma irregular durante más de seis meses tendrán la posibilidad de regularizar su situación solicitando un permiso de residencia.
No se sabe con certeza cuántos de ellos podrían beneficiarse de esta medida.
Solo a finales de 2023, más de 60.000 solicitantes de asilo rechazados seguían en España, a pesar de haber sido obligados a abandonar el país.
Un plan para acoger migrantes
la decisión de España de acoger permanentemente a cientos de miles de inmigrantes indocumentados, incluso cuando los líderes europeos presionan para que se apliquen políticas de deportación más estrictas, está motivada por la necesidad económica.
El país se ha convertido en el motor de crecimiento de Europa.
Las inversiones del plan de recuperación y resiliencia ante la pandemia, los subsidios estatales a los precios de la energía y un sector turístico en auge están impulsando la economía: el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de poco menos del 3% para este año.
El Gobierno de Sánchez defiende que la inmigración es necesaria para contrarrestar la escasez de mano de obra cualificada y el cambio demográfico.
No se menciona la tasa de paro actual, del 11,8%, que, aunque es la más baja en 15 años, sigue siendo la más alta de la UE.
Pero los factores económicos no son la única motivación detrás del impulso del gobierno de izquierdas a una política migratoria más abierta.
“Los españoles somos hijos de la inmigración, no seremos padres de la xenofobia”, recordó recientemente Sánchez a los diputados en el Congreso.
Se refería a los tiempos en que cientos de miles de españoles emigraron en busca de una vida mejor en otros países, ya fuera durante la dictadura fascista de Franco o más recientemente tras la grave crisis económica de 2012.
