A partir de diciembre de 2022, los familiares de los presos en Zacatecoluca entregan USD 170 directamente en el penal.
Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados.
Los familiares solo saben que dan USD 35 por alimentación, USD 15 por artículos de higiene, USD 30 por vestimenta, USD 20 por limpieza de área y USD 70 por misceláneos.
Infobae consultó con organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a lo que ocurre en las prisiones salvadoreñas.
Todas las fuentes consultadas coincidieron en que la Dirección General de Centros Penales de El Salvad empezó desde finales del año pasado a hacer los cobros obligatorios de USD 170.
“Lo que nos han dicho es que la idea que tienen es que sea en todas las cárceles”, dijo Marta, una de las madres.
Además del sistema de paquetes obligatorios, funciona un sistema de “tiendas institucionales” a los que los familiares de los reos depositan entre USD 5 y USD 150 al mes.
Lo anterior, sirve para que los presos tengan derecho a un número de identificación que él utiliza para comprar en tiendas ubicadas al interior de los penales artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una Coca Cola.
¿Y el gobierno de Bukele qué dice?
Según Infobae, es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley.
“No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad”, dice el medio de comunicación en un informe periodístico.
De cualquier forma, y con cualquiera de los formatos de cobro, la venta de artículos de primera necesidad a los reos de El Salvador “parece un negocio redondo”, lo cuestiona Infobae.
Desde marzo hasta el cierre de esta nota, “el sistema carcelario ha ingresado unos 64.000 reos que, según cifras oficiales, se han sumado a la población de unos 40.000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año”.
Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos USD 17 millones al mes, reseña Infobae.
¿Es un negocio del gobierno Bukele?
El funcionario que controla las cárceles de El Salvador se llama Osiris Luna Meza. Su nombre aparece en varias investigaciones criminales salvadoreñas y estadounidenses por sospechas de enriquecerse con el dinero de los presos.
Este hombre fue el enviado especial de Nayib Bukele para negociar con las pandillas y que creó, en el sistema de tiendas en las prisiones, una red de plazas fantasmas para cobrar salarios de funcionarios que no existen.
A Luna Meza y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, la Fiscalía General de El Salvador (FGR) los investigó en 2020 y 2021 como parte de un expediente criminal y personas cercanas al presidente Bukele involucradas en el denominado Caso Catedral.
Catedral es un expediente que reúne cuatro grandes casos:
Entre ellos, la negociación con las pandillas, la corrupción en el sistema de tiendas carcelarias y el uso electoral que hizo el gobierno de Bukele de insumos destinados a atender la pandemia por covid-19.
Los fiscales del Caso Catedral fueron desterrados de la FGR cuando, en mayo de 2021, los diputados afines a Bukele impusieron a Rodolfo Delgado como fiscal general.
Delgado enterró todas las investigaciones de Catedral, pero algunas fueron retomadas por agentes estadounidenses que formaron una fuerza de tarea en Centroamérica a la que bautizaron Vulcano.
Se ayudan entre amigos
La Fiscalía ha archivado las investigaciones en mención contra Luna, lo que permitió seguir con tranquilidad el negocio en las cárceles.
El negocio en las tiendas penitenciarias continúo y hoy el cobro fijo de USD 170 por reo está por convertirse en obligatorio, según los familiares y representantes de reos a los que consultó Infobae.
Si eso ocurre, el sistema de insumos para presos que maneja Osiris Luna podría llegar a mover hasta USD 204 millones al año en caso de que todos los presos ingresados en las cárceles salvadoreñas paguen.
El 14 de febrero pasado, el gabinete de seguridad de Bukele, del que Osiris Luna Meza forma parte, pidió al congreso salvadoreño la 11ª prórroga del régimen de excepción.
Esto que permite a la policía, también controlada por el presidente, alimentar las cárceles con personas arrestadas muchas veces sin pruebas y bajo vagas acusaciones de asociaciones ilícitas.
Según han denunciado múltiples organismos internacionales y salvadoreños de derechos humanos.
El próximo 27 de marzo, el régimen de excepción en El Salvador cumplirá un año.
Bukele y sus funcionarios han dicho que la limitación de garantías constitucionales durará el tiempo que sea necesario.
Así, los presos seguirán llegando y, con ellos, las cuotas que sus familiares ingresan a un sistema que nadie más que el carcelero en jefe de Nayib Bukele controla.
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