En marzo de 2022, El Salvador se vio sacudido por la implementación de un régimen de excepción como respuesta a una escalada de violencia atribuida a las pandillas.
Desde entonces, la situación ha desencadenado una serie de controversias y preocupaciones en relación con los derechos humanos.
Este régimen de excepción ha afectado a más de 200 personas y ha desencadenado críticas de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista en marzo de 2022, como respuesta a un día de violencia que dejó 62 muertos. Esta medida, diseñada para hacer frente a la creciente violencia atribuida a pandillas, suspende ciertas garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios al gobierno.
Entre las disposiciones más controversiales se encuentra la ampliación del plazo de detención de 72 horas a 15 días, así como la intervención de las telecomunicaciones sin previa autorización judicial. Esta amplia autoridad ha dado lugar a preocupaciones sobre el respeto de los derechos individuales y el debido proceso legal.
Impacto en los Derechos Humanos
Según informes presentados por organizaciones de derechos humanos, más de 223 personas se vieron obligadas a cambiar de domicilio desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
El 76% de las víctimas señaló a miembros de la Policía y el Ejército como sus agresores. Esto indica un aumento significativo en las agresiones policiales durante este período.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han criticado enérgicamente el régimen de excepción por violar los derechos humanos.
Han documentado más de 66,000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado.
El régimen de excepción también ha tenido un impacto desproporcionado en las personas que viven en la pobreza, especialmente en las zonas históricamente afectadas por la violencia de pandillas.
Miles de familias se han visto afectadas económicamente, y se ha informado de un aumento en el trabajo infantil, el absentismo escolar y la desintegración familiar.
La Respuesta del Gobierno
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido su política de mano dura y ha informado de una considerable reducción de homicidios desde la implementación del régimen de excepción.
El presidente Bukele afirmó recientemente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que El Salvador es ahora el país más seguro de América Latina.
El régimen de excepción en El Salvador ha generado una serie de preocupaciones y controversias en relación con los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han instado al gobierno a revertir estas medidas y a investigar de manera efectiva las violaciones de derechos humanos que se han producido bajo este régimen.
La situación en El Salvador plantea importantes interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos.
La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en este país, con la esperanza de que se tomen medidas para proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
