En audiencia pública que comenzó el pasado 10 de mayo, Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia prendió el ventilador.
Mancuso, relató ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y representantes de las víctimas del paramilitarismo.
Allí, habló de las supuestas relaciones entre ese grupo y miembros de la fuerza pública, militares, políticos, civiles y empresarios durante varios años de violencia.
El hombre, también entregó detalles sobre asesinatos y masacres que ordenaron él y otros comandantes contra cientos de personas en diferentes zonas del país.
El exjefe paramilitar ya había hecho varias de estas afirmaciones ante la justicia ordinaria y ante los tribunales de Justicia y Paz.
El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 altos mandos de las autodefensas que eran solicitados por el delito de narcotráfico.
En su relato en la audiencia ante la JEP de forma remota desde Estados Unidos, mencionó nombres de políticos que habrían apoyado su causa.
Entre los nombres, estaría el reconocido político Francisco Santos y su vinculación con los para.
“Francisco Santos vino en representación de la oligarquía colombiana, porque en la capital estaban preocupados por la llegada de las FARC cerca de Bogotá”, aseveró Mancuso.
La incidencia de los paras en la política
Durante las audiencias, Mancuso afirmó también que las autodefensas incidieron en varias campañas y elecciones presidenciales.
Entre ellas la del liberal Horacio Serpa, ya fallecido; el conservador Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que en ese entonces estaba en el partido de Unidad Nacional.
Pastrana salió al paso y pidió que «Mancuso muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial”.
La familia de Horacio Serpa dijo que:»Creemos y apoyamos el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el esclarecimiento de la verdad”.
Agregaron que, “nunca nos hemos opuesto a esos esfuerzos y confiamos en que su buen nombre y su honra serán reivindicados”.
El exjefe de las AUC dijo que Uribe en su mandato retiró en 2003 la protección a Eudaldo Díaz, exalcalde del municipio El Roble, Sucre, y que eso habría permitido que los paramilitares lo asesinaran.
“En un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”.
Ante esto, Uribe contestó diciendo que, «cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al alcalde de El Roble».
Sobre Mancuso
Mancuso, quien compareció de manera virtual desde el Centro de Detención Stewart del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. busca con sus declaraciones acceder a los beneficios de la justicia transicional.
El exparamilitar cumplió una condena por narcotráfico y desde entonces está pendiente de que se le defina su situación jurídica.
Sus abogados piden que sea puesto en libertad y que sea enviado a Italia, país en donde tiene nacionalidad y familiares, pero aún tiene cuentas pendientes en Colombia.
Tras la audiencia en la JEP, ese tribunal decidirá si Mancuso es acogido o no por la jurisdicción especial creada tras los acuerdos de paz.
El rechazo a un para en la JEP
Este lunes, la JEP rechazó el sometimiento de Rodrigo Tovar Pupo, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia más conocido como «Jorge 40».
Según lo magistrados, no demostró voluntad en aportar a la verdad y no contribuyó decididamente a esclarecer los crímenes para las víctimas y para la sociedad.
Es un antecedente de lo que podría pasar a cualquier persona, incluido Mancuso, que quiera acceder a los beneficios de la justicia transicional.
Hasta el momento, 13.737 personas, entre exguerrilleros de las FARC, exmilitares, agentes del Estado diferentes a la fuerza pública, civiles y empresarios financiadores del conflicto armado, se han sometido a la JEP.
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