Los tribunales están frenando algunos intentos del presidente Donald Trump para recortar y transformar rápidamente el gobierno federal.
En sus primeras semanas en el cargo, Trump ha firmado más de 50 órdenes ejecutivas destinadas a reformar el gobierno.
Estas van desde la ciudadanía por derecho de nacimiento hasta la forma en que se aloja a los reclusos transgénero.
Las agencias gubernamentales también han utilizado las órdenes para intentar congelar la financiación federal en todo el país.
La avalancha de órdenes ha dado lugar a más de dos docenas de demandas hasta la fecha.
Y al mismo tiempo, una serie de decisiones judiciales que han detenido, al menos temporalmente, algunas de las acciones de Trump.
Ciudadanía por derecho de nacimiento
Una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump fue la llamada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, que pretende restringir la ciudadanía por nacimiento.
Busca limitar dicha ciudadanía a las personas que tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
Esta, dice que a quienes nazcan de padres que se encuentren en el país legalmente pero temporalmente ya no se les garantizará automáticamente la ciudadanía, incluidos aquellos con visas de trabajo para personas altamente calificadas y visas de estudiante.
En todo el país se han presentado varias demandas contra la orden. Esta semana, jueces federales de Maryland y del estado de Washington emitieron medidas cautelares a nivel nacional para impedir que entre en vigor.
En su fallo del jueves, el juez de distrito estadounidense John C. Coughenour escribió: “La ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional inequívoco”.
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
La semana pasada un par de sindicatos demandaron a la administración Trump por sus esfuerzos por desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
En una audiencia de emergencia celebrada el viernes en el tribunal federal de Washington DC, el juez de distrito Carl Nichols dijo que suspendería el plazo de medianoche para que USAID redujera su plantilla a unos pocos cientos de trabajadores.
El anuncio se produjo apenas horas antes de que 2.200 empleados de USAID fueran puestos en licencia administrativa, lo que habría entrado en vigor a las 11:59 p. m., hora del Este, del viernes.
Nichols dijo que emitiría una orden de restricción temporal escrita “muy limitada” antes de la medianoche. La orden fue emitida poco antes de las 11 p. m.
Compras gubernamentales
Como parte de los esfuerzos de Trump por reducir la fuerza laboral federal, la Oficina de Administración de Personal anunció recientemente un programa masivo de “renuncia diferida”.
Este permitiría a los trabajadores renunciar ahora pero recibir su salario hasta septiembre.
La fecha límite establecida para aceptar la oferta era el jueves por la noche, y un alto funcionario de la administración dijo más temprano ese mismo día que 60.000 personas la habían aceptado.
Los sindicatos de trabajadores federales presentaron una demanda para detener el programa, argumentando que la administración Trump no tiene autoridad legal para ofrecer tales indemnizaciones.
Un juez federal de Boston impidió el jueves que el gobierno implemente las compras al menos hasta el lunes, cuando tendrá una audiencia sobre el tema.
Una consecuencia de la orden del juez es que también amplió el tiempo que los trabajadores tienen para responder a la oferta de renuncia.
Congelación de fondos
Un par de jueces federales bloquearon temporalmente una congelación de fondos de ayuda federal ordenada por la administración Trump en respuesta a sus órdenes ejecutivas.
El memorándum decía que la pausa permitiría a la administración revisar qué programas son “consistentes” con la agenda de Trump.
El memorando redactado fue retirado después de que se extendiera la confusión sobre qué ayuda sería suspendida y las personas y organizaciones informaran que no podían acceder a los sistemas para recibir ayuda federal.
En un fallo emitido el viernes, el juez de distrito de EE. UU. John J. McConnell en Rhode Island firmó una orden de restricción temporal después de que se retirara el memorando.
Al tiempo que señaló que Leavitt había tuiteado al público que “Esto NO es una rescisión de la congelación de fondos federales. Es simplemente una rescisión del memorando de la OMB“.
El juez concluyó que las acciones de la Casa Blanca aparentemente violaban la ley.
La ley federal especifica cómo debe actuar el Ejecutivo si cree que las asignaciones presupuestarias son incompatibles con las prioridades del presidente, pues debe consultar al Congreso y no actuar unilateralmente.
Presos transgénero
Otra de las órdenes de Trump estaba dirigida a los reclusos transgénero, diciendo que la Oficina Federal de Prisiones ahora debía garantizar que “los hombres no sean detenidos en prisiones de mujeres”.
Esto dio lugar a dos demandas presentadas en nombre de cuatro prisioneras transgénero que iban a ser trasladadas a instalaciones para hombres.
Argumentaron que la orden constituía un castigo cruel e inusual porque correrían un grave riesgo de violencia y agresión sexual en una instalación para hombres.
Dos jueces impidieron el traslado de los reclusos: En una demanda que involucra a tres de los prisioneros, el juez de distrito de EE. UU. Royce Lamberth en Washington, DC, concluyó que “el interés público en ver a los demandantes reubicados inmediatamente en instalaciones para hombres es, en el mejor de los casos, escaso”.
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