Unas 350 personas habrían perdido la vida en las cárceles de El Salvador bajo el polémico estado de excepción.
La impactante información la dio a conocer la organización sin fines de lucro Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
La representante de la ONG en mención la abogada Ingrid Escobar, dijo a la agencia de noticias EFE que el “94 % de estas personas fallecidas no tuvieron derecho de la segunda audiencia” y que “murieron bajo la tutela del Estado”.
La SJH brinda asistencia legal gratis a familiares de detenidos “arbitrariamente”.
Y es que un buen porcentaje de las muertes en diferentes cárceles salvadoreñas se ha dado por “la falta de atención médica adecuada”.
Personas detenidas injustamente
El presidente Bukele reconoció recientemente que 8.000 personas detenidas bajo el estado de excepción son inocentes y han sido liberadas.
Hasta la fecha, según datos oficiales, hay 80.000 personas privadas de libertad a raíz de la excepción.
Lo que significa que al menos una de cada diez personas detenidas es inocente.
La liberación de estas personas es difícil de corroborar porque la falta de transparencia, datos confiables y acceso a la información es un grave problema.
Las fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía y el Poder Judicial, actúan sin ningún control ni contrapeso, siendo la confidencialidad la regla.
Por un lado, el reconocimiento que hace el presidente Bukele debería ser objeto de escrutinio internacional, incluidos los delitos de derecho penal internacional.
Esto ya que hay una aceptación explícita de violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia y al debido proceso.
El trabajo de documentación de las organizaciones de derechos humanos y las denuncias de muchos familiares de los detenidos indican que probablemente hay muchas otras personas inocentes que han sido detenidas.
Ambiente de tensión
Un ambiente hostil sigue obstaculizando a periodistas, activistas sociales y líderes de la sociedad civil en el cumplimiento de su labor.
La detención del periodista Víctor Barahona en 2023, entre otras detenciones, generó temor y reveló que el régimen de estado de excepción no solo fue diseñado para perseguir y desmantelar a las maras y pandillas.
Según la organización Cristosal , al menos 24 activistas han sido detenidos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado 136 agresiones a periodistas de marzo a agosto de este año.
Las organizaciones con las que la ONG WOLA tuvo la oportunidad de hablar durante la visita condenaron la censura, el cierre del espacio cívico y la persecución de la que son objeto.
Muchas personas denunciaron ser víctimas de acoso digital, lo que ha provocado autocensura y ansiedad.
WOLA también advierte un temor generalizado de que el espacio cívico seguirá reduciéndose gradualmente hasta que se consolide un régimen autoritario como el de Nicaragua.
Y es que una sola pareja controla los tres poderes del Estado, criminalizando las voces críticas cuya única opción es el exilio o el encarcelamiento.
La economía del país
La economía de El Salvador se está deteriorando, afectando directamente a la población y poniendo en peligro la enorme popularidad del presidente Bukele.
El Salvador ha hecho esfuerzos para promover la inversión extranjera y ha pasado por amplios procesos de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo anterior, para la aprobación de préstamos que alivien su carga financiera.
Según el reciente anuncio de altos funcionarios del gobierno anónimos, un programa de 3 años que contiene un préstamo de 1.400 millones de dólares.
Este tiene altas probabilidades de ser aprobado durante este mes de diciembre.
De hecho, los despidos masivos son aparentemente el resultado de una de las exigencias del FMI, ya que el FMI habría exigido un ajuste de gastos e ingresos.
El recorte social
Para algunas personas el presupuesto es muy bueno en la forma, pero no en el fondo, ya que recorta áreas sociales como la salud y la educación y aumenta en gran medida los fondos para el Ministerio de Defensa.
Para el FMI, el recorte de la masa salarial es positivo.
Por otra parte, en su más reciente declaración, el FMI informa que ha alcanzado acuerdos preliminares con las autoridades salvadoreñas sobre una “estrategia global plurianual” en temas como la gobernanza y la transparencia.
Si bien la declaración menciona proyectos de ley sobre lavado de dinero y corrupción, y mejoras en el proceso de compras públicas, los actores de la sociedad civil expresaron preocupación.
Lo anterior, por el hecho de que la concepción del FMI sobre gobernanza y transparencia no parece abordar la concentración de poder y las prácticas cada vez más autoritarias del gobierno que amenazan la estabilidad financiera y el orden democrático.
- Imagen de portada tomada/Presidencia de El Salvador
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