El gerente del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, respaldó el informe que señala que la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro eliminaría unos 450.000 empleos.
De hecho, fue enfático en que, si bien este no es un trabajo de la Junta Directiva del emisor, el grupo que lo hizo tiene su “beneplácito”.
Así funciona con el más reciente informe y con todos los demás que emite cada tres meses el Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República.
“Desde hace años, tenemos publicación de reporte de mercado laboral, que lo hace un grupo de economistas de alto nivel. El más reciente incluyó un análisis de propuesta de reforma laboral”.
El gerente emisor indicó que el informe tiene limitaciones, ya que el proyecto de ley no ha comenzado su discusión, y ni siquiera tiene una ponencia radicada.
A pesar de lo anterior, sí permite hacer cálculos sobre los efectos que tendría la reforma laboral en los empleos y la formalidad.
“El reporte señala un aumento de costos salariales, que podría a su vez generar otras implicaciones sobre formalidad”, agregó el gerente.
Y aclaró que el articulado incluye “unos claros beneficios” para las personas que trabajan en el sector formal, es decir, para quienes ya están contratados.
Mayor informalidad
En sus comentarios en el Congreso, Villar también señaló que otro golpe que dejaría la reforma laboral sería por el lado del traslado de contratistas a puestos fijos.
De hecho, para el funcionario, el proyecto reconoce que eso sería tan grave para el sector público, que no lo incluye, y solo les deja esta responsabilidad a las empresas.
“Formalizarlos a todos sería los deseable, pero sería tan costoso que el proyecto reconoce que no se puede hacer y dice que es solo para el sector privado”, agregó Leonardo Villar.
Al tiempo, recalcó que una medida de este tipo haría que miles de contratos en el Estado se acaben, por el hecho de que se aumentarían muchísimo los pagos de parte del erario.
Y esta misma situación se replicaría en el sector privado: “Eso genera tales sobrecostos, que es posible que el impacto sea no contratar a más personas”, recalcó el gerente.
La intervención sobre la reforma laboral terminó diciendo que esta también tendría un golpe sobre la formalización en Colombia.
Y, de paso, elevaría las cifras de informalidad que existen en el país, que actualmente superan el 50 % de la fuerza laboral.
Lo que dice el gobierno
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, les salió este martes al paso a los críticos de la reforma laboral que presentó su gobierno.
Dicho articulado fue radicado hace unas semanas ante el Congreso, con una base que pretende darles mayores garantías laborales a los trabajadores.
No obstante, gremios y empresarios han asegurado que, si bien las intenciones de la reforma laboral son buenas, sus efectos serían devastadores.
A renglón seguido, criticó que expertos en materia de trabajo vean con ojos negativos su reforma laboral, ya que esta prevé darles mayores garantías a los trabajadores.
Incluso, afirmó que su aplicación será clave, en particular, para quienes hacen parte de la denominada economía popular.
La reforma laboral de Petro fue radicada ante el Congreso y comenzará sus debates una vez sea consensuada y construida la ponencia para primer debate.
Algunos de los puntos de la reforma
La jornada nocturna y las horas extras
La columna vertebral del borrador es que se debe garantizar que los trabajadores tengan más estabilidad laboral y que sean mejor pagados.
La medida principal es cambiar la jornada laboral y el costo de las horas extras, así lo explica el medio digital La Silla Vacía.
Esto reabre un viejo debate sobre si abaratar el empleo y mejorar las condiciones de los trabajadores genera desempleo o no.
En el proyecto, el debate aterriza en la delimitación de la jornada laboral diurna y la nocturna.
La diurna de hoy es entre las 6 a.m. y las 9 p.m., y pasaría a ser de 6 a.m a 6 p.m. Eso ampliará la jornada nocturna y el costo del trabajo después del atardecer.
Además, la reforma cambia la tarifa de las horas extras y el trabajo en domingos y festivos. Por cada día trabajado hoy le pagan a la persona lo que vale un día entre semana, más un recargo del 75 por ciento.
En el borrador, ese recargo sería del 100 por ciento. Es decir que pagarían más plata por las horas extras.
El argumento de los gremios como Acopi, que es el de las mipymes, y Fenalco, que es el de los comerciantes, es que esos cambios que trae la reforma podrían encarecer la mano de obra hasta un 30 por ciento.
El contrato a término fijo y el indefinido
El gobierno busca reducir a “su mínima expresión los contratos a término fijo”. La idea de Ramírez, la ministra de Trabajo que viene del sindicalismo, es “dignificar” el trabajo.
Este punto de tensión gira alrededor de la protección adicional al trabajador que ya es formal, se lee en una extensa nota de La Silla Vacía.
Además, el reconocimiento legal de esa dignidad implica dar más derechos y poder al trabajador para defender su estabilidad frente a las necesidades de los empresarios.
En ese sentido, les ponen límites más amplios a los contratos de término fijo, que solo se pueden usar si es una función temporal. Lo mismo ocurre con los contratos de prestación de servicios.
Si los trabajadores cumplen funciones permanentes en empresas, obligan a los empleadores a hacer contratos a término indefinido. Casi que el contrato a término indefinido se vuelve la regla general.
Otro punto que agrega la reforma es el de ofrecer una “estabilidad reforzada” a ciertos trabajadores.
Eso se traduce en que a los padres o madres cabeza de familia, las personas con discapacidades, mujeres embarazadas o personas que ya casi se van a pensionar se les tendrá que ofrecer un contrato a término indefinido.
Y si son despedidos, tiene que ser por justa causa y deben pedirle permiso a un juez.
La regulación del trabajo en plataformas
La reforma laboral de Petro entra a terciar en el debate sobre si las plataformas deben reconocer las relaciones laborales. Y de entrada, el borrador lo reconoce. Pero la puja será alrededor de cuáles plataformas entran en la definición.
El borrador incluye a los de reparto o domicilios, pero saca a los que trabajan en las apps de transporte, como Uber.
El documento tiene un capítulo dedicado a “plataformas digitales de trabajo” con seis artículos, pero todos se refieren a servicios “comerciales”, de reparto o de entrega.
Esa división refleja el panorama de sindicalización de los trabajadores de plataforma.
Mientras los repartidores de apps como Rappi están organizados en la Unión de Trabajadores de Plataformas, Unidapp, que ha estado en las discusiones de la reforma, los conductores no están sindicalizados.
La otra razón es que el transporte en vehículos particulares es una actividad que todavía no se ha legalizado, recalcó en su informe La Silla Vacía.