El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su país pasó de ser el más peligroso del mundo al “más seguro de América Latina”.
Un logro que atribuyó a su llamada “guerra contra pandillas”.
Esa política de seguridad arreció desde marzo pasado, cuando Bukele solicitó al Congreso que decretara estado de excepción.
Que permite efectuar detenciones sin autorización judicial y suspende algunos derechos y libertades constitucionales.
Desde entonces, según datos de las autoridades salvadoreñas, hasta finales de julio fueron detenidas bajo ese régimen más de 46.000 presuntos pandilleros.
Y con ello las cifras de violencia letal habría disminuido significativamente, al punto de registrar varios días sin homicidios.
El régimen excepcional ha sido extendido en varias ocasiones por el parlamento salvadoreño.
La prórroga más reciente entró en vigencia el pasado 24 de julio.
Estro, luego de que la Asamblea ampliara la medida que se aplicara por 30 días más.
Sin embargo, la política de seguridad de Bukele ha sido criticada por familiares de los detenidos.
Quienes han efectuado protestas y marchas para denunciar que dentro del régimen de excepción se han realizado “detenciones arbitrarias”.
Las medidas del gobierno Bukele
Desde abril pasado, el gobierno de Nayib Bukele ha intensificado su ofensiva contra las pandillas en El Salvador.
Bukele defendió las medidas aprobadas por la Asamblea destinadas a sancionar a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras.
Las polémicas reformas también incluyen la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas.
Bukele, amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a “vengarse”.
La escalada de asesinatos ya ha cobrado más de 80 víctimas mortales y ha provocado la detención de más de 6.000 pandilleros, según el gobierno.
Sanciones para los medios
La Asamblea votó a favor de reformar el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita “mensajes originados” por pandillas.
Originalmente propuesta por el presidente Bukele, la iniciativa -que los medios locales han bautizado como “Ley mordaza”-.
Esta fue aprobada con los votos de 63 congresistas (de los 84 en el Parlamento), sin estudios previos ni discusión legislativa.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron toda la simbología nazi, así como los mensajes y apologías al mismo”, dijo Bukele, defendiendo la medida.
Prohibición de grafitis
La reforma del Código Penal también sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas.
Establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de “textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión en inmuebles públicos y privados”, que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.
La reforma castigará especialmente a los que tengan como finalidad aludir a control territorial de las pandillas o transmitir amenazas a la población.
Reutilización de bienes y armas
Autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas.
Según la reforma, los bienes, incluyendo armas, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, que estén bajo custodia judicial, “podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública”.
De acuerdo con la nueva legislación, los bienes serán trasladados al Consejo Nacional de Administración de Bienes.
Que emitirá acuerdos de uso a solicitud del Ministerios de Justicia y Seguridad o del de Defensa.
Con la llamada Ley Especial para la disposición y utilización de los bienes, dinero, valores y activos incautados a las estructuras del crimen organizado, se pretende crear un fondo especial.
Estado de excepción
La aprobación de estas medidas ocurre luego de que la Asamblea salvadoreña votara a favor de una iniciativa del Ejecutivo para reformar el Código Penal.
Y que busca endurecer las condenas contra los pandilleros.
La normativa, que se implementó en principio con opción de ser extendida incluye la suspensión de la libertad de asociación.
Al igual que del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
También quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial.
Y se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.
