Las historias de 35 detenidos injustamente en El Salvador han conmocionado a madres, hermanas y esposas, quienes claman por la ayuda del Gobierno de Gustavo Petro para garantizar los derechos humanos de sus seres queridos.
Estos colombianos se encuentran atrapados en el sistema penitenciario del régimen de Nayib Bukele, en una situación desesperada e inhumana.
Una de las madres, Claudia Marcela Colpas, no sabe nada de su hijo Brandon Loais desde el 14 de febrero de 2023. Brandon, de 19 años, fue detenido junto a otro compañero también colombiano, tras un accidente de moto.
Sin orden de aprehensión, sin antecedentes penales y sin pruebas incriminatorias, fueron encarcelados y acusados de formar parte del peligroso grupo Mara 18.
Estos reportes vienen ocurriendo en El Salvador desde que Bukele declaró el estado de emergencia en marzo de 2022. De los más de 69.000 presos en este momento, se estima que 20.000 son inocentes.
Las condiciones de la prisión son malas y los presos se mantienen en la misma celda con criminales peligrosos.
El sufrimiento de las familias aumenta cada vez que se enteran de las muertes que ocurren en los penales de Bukele. Según la ONG Ayuda Legal Humanitaria, 156 personas fallecieron durante los 15 meses del estado de emergencia, la mayoría por violencia o negligencia médica.
Los familiares de los presos decidieron reunirse y solicitaron la intervención del presidente Gustavo Petro para obtener respuestas sobre la situación de sus seres queridos.
En la carta que le escribieron a Petro, le pedían que se comprometiera a respetar los derechos humanos y que les diera información sobre situación jurídica y la salud de los detenidos.
Además, planean protestar frente a la representación de Salvador en Bogotá para llamar la atención sobre su sufrimiento.
¿Qué hace el gobierno colombiano al respecto?
A la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha establecido comunicación con las autoridades judiciales salvadoreñas y ha brindado asistencia diplomática a los detenidos y sus familias. Sin embargo, estas familias dicen que se sienten abandonadas por el gobierno y quieren rendir cuentas.
En la emergencia Bukele se vulneran todos los derechos de los imputados. Se ignora el derecho al debido proceso legal, la protección y el respeto de los derechos humanos.
A los presos no se les garantiza un juicio justo y no se respeta la presunción de inocencia.
Esperamos que a esta lucha por la justicia y los derechos humanos se sumen las autoridades de El Salvador y Colombia. Nadie debería sufrir en el Infierno de Bukele sin pruebas ni un juicio adecuado.
La situación de los colombianos presos en El Salvador bajo el gobierno de Bukele ha causado preocupación y solidaridad entre diversas organizaciones y activistas de derechos humanos.
Ingrid Escobar, directora de la ONG Ayuda Legal Humanitaria, criticó las frecuentes violaciones a los derechos humanos de las que aún son objeto los ciudadanos colombianos en el país centroamericano.
Según Escobar, muchos presos no reciben los productos de higiene y alimentación necesarios y son recluidos en las mismas cárceles, donde conviven con peligrosos delincuentes.
Además, enfatizó la falta de garantías de justicia, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, derechos básicos vulnerados en el sistema penitenciario de El Salvador.
Las historias de prisioneros individuales dan testimonio de esa profunda injusticia. Brandon Loayza y Felipe Gómez Loayza son solo dos ejemplos de jóvenes trabajadores que quieren un futuro mejor en El Salvador pero son acusados sin pruebas e injustamente encarcelados.
Sus familias, impulsadas por la desesperación y la falta de conocimiento y comunicación, claman por una prueba de vida y la oportunidad de saber cómo están viviendo sus seres queridos.
Imagen de portarada tomada / eltiempo.com
