Entre tantos cambios políticos en Latinoamérica, si hay alguien que verdaderamente ha desatado todo tipo de polémicas por su proceder en Nayib Bukele, quien ya va a cumplir su cuarto año de gobierno en El Salvador, cargo al que aspira ser reelegido en 2024
Desde intentar convertir a la nación centroamericana en un estado de Bitcoin hasta la represión de pandillas más agresiva jamás vista en América, la cual emprendió desde el año pasado junto con su fuerza pública, llevando las políticas de mano dura y el encarcelamiento masivo a un nuevo nivel.
Y es que ciertamente, El Salvador es el hogar de algunas de las pandillas más poderosas del hemisferio occidental: la Mara Salvatrucha o MS-13, los sureños de la calle 18 y los revolucionarios de la calle 18. En total, hay 70 mil pandillas operando en el país así como casi 500 mil personas que tienen conexión con ellas.
Las pandillas compiten por el control del territorio y están presentes en más del 90% de los municipios de El Salvador. Involucrándose en una variedad de actividades ilícitas, desde extorsión hasta sicariato
De esta forma, la ‘operación’ comenzó hace 10 meses, cuando las principales bandas la MS13 y las dos facciones de Barrio 18, masacraron a 87 personas en 72 horas. En respuesta, el presidente declaró un estado de excepción por un mes, suspendió los derechos constitucionales y flexibilizó las reglas para realizar arrestos. Las medidas ahora se han extendido por casi un año.
Así las cosas, en el marco de la rápida militarización, cerca de 60 mil personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad desde que se declaró el régimen de excepción, por lo que se estima que actualmente hay alrededor de 100 mil presos, 2% del total de la población adulta del país.
La respuesta de los ciudadanos
La represión ha obtenido un amplio apoyo de un público salvadoreño con poca simpatía por las pandillas. Pero mantener la aventura del gobierno en una nueva frontera hiperagresiva para sus políticas de seguridad generará desafíos que aún no se comprenden por completo, y la brutalidad de la represión podría transformar el inframundo criminal del país en los años venideros.
El objetivo de la ofensiva antipandillas de El Salvador es simple: someter a las pandillas y, al hacerlo, mantener los bajos niveles de violencia que han sido cruciales para la popularidad del presidente Bukele. Ya que desde 2015, cuando El Salvador registró la tasa de homicidios más alta del mundo con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, no obstante, los niveles de violencia posteriormente comenzaron a disminuir.
A pesar de eso, en 2019, los salvadoreños eligieron a Nayib Bukele para la presidencia, creyendo en sus propuestas y viéndolo como su héroe. Al igual que otros candidatos en la era de la posguerra civil, Bukele se ha comprometido a luchar contra las organizaciones criminales y ha respondido a la opinión pública y al deseo de la población de medidas drásticas para enfrentar la inseguridad.
Así lasLas iniciativas contra las pandillas han incluido ejecuciones extrajudiciales, la tortura de presuntos pandilleros, el encarcelamiento masivo y la militarización de la política de seguridad interna de El Salvador.
Polémica por violación a derechos humanos
Aunque muchos están de acuerdo con las decisiones tomadas por el jefe de estado, lo cierto es que también ha desatado una ola de críticas y señalamientos; ya que si bien inicialmente la medida impulsada por Bukele tenía la finalidad de frenar el accionar de las organizaciones delictivas de enorme influencia en el país, entidades de derechos humanos locales e internacionales, así como familiares de detenidos, denunciaron arrestos arbitrarios, que se centraron en barrios pobres de las principales ciudades del país.
De hecho, para finales del 2022, la organización de defensa de los derechos humanos salvadoreña Cristosal presentó un informe en el que señaló que desde que entró en vigor el régimen de excepción había recibido 3.056 denuncias con 3.181 personas afectadas en sus derechos, de las que 59% son jóvenes de 18 a 30 años.
En el documento se agregó además que 55 denuncias fueron hechas por personas integrantes de la comunidad LGTBI, y 97,3% de las denuncias son por “detenciones arbitrarias”. Estas cifras, sumadas a las denuncias por violaciones a derechos humanos de otras organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, rondan un total de 7.500 denuncias.
Como consecuencia, los observadores regionales también advierten que la popularidad de la política de Bukele podría generar medidas de imitación en la región, y otros países de América Latina ya aplican medidas extralegales similares para abordar sus propios problemas de pandillas.
De este modo, los críticos temen que las prácticas autoritarias de Bukele no solo dañen la democracia, sino que también puedan dar lugar a importantes abusos contra los derechos humanos y mayores niveles de violencia.