El cantante puertorriqueño Bad Bunny, presentó hace unos días ‘El Apagón’, una nueva producción de casi 23 minutos que es más que un simple videoclip musical.
De hecho, su música y letra solo son un acompañamiento a un corto documental elaborado por la periodista puertorriqueña Bianca Graulau y titulado «Aquí vive gente».
En este trabajo, se denuncian varias problemáticas que viven los habitantes de la isla estadounidense.
Según la BBC Mundo, el video se convirtió en un éxito en las primeras 72 horas desde su publicación consiguió casi 6 millones de reproducciones.
Estas son algunas de las denuncias que expone el conejito.
Los apagones sin solución
Cinco años después del devastador paso del huracán María, el gobierno de firmó un contrato por 15 años con una empresa privada Luma Energy, para que se convirtiera en el nuevo operador de energía de la isla.
Su labor es reestablecer y administrar la infraestructura eléctrica que quedó severamente dañada por aquel huracán.
Pero lo cierto, es que el reportaje de Graulau expone cómo los apagones siguen y señala dos ocurridos este año.
Uno tuvo lugar en abril, tras una explosión en la central eléctrica Costa Sur de Guayanilla, y dejó a más de un millón de boricuas sin luz-
El otro apagón se dio en agosto pasado, en el Hospital Universitario de Adultos -uno de los más importantes del país-, que estuvo casi un día sin electricidad, poniendo en riesgo las vidas de los pacientes.
La «gentrificación» de San Juan
Otra denuncia del reportaje es el desplazamiento de los habitantes de barrios populares de San Juan, quienes se han visto forzados a dejar sus viviendas ante la llegada depromotores inmobiliarios.
Según la información publicada, es un fenómeno mundial que se da en ciudades turísticas y que es conocido como «gentrificación».
Compañías inmobiliarias -muchas de ellas con capital extranjero- levantan apartamentos nuevos para rentar o vender a precios impagables para los vecinos que han vivido ahí por años.
«Vamos a ser extranjeros en nuestra propia patria», se queja en el video de Bad Bunny un vecino de Puerta de Tierra de San Juan, un barrio que históricamente ha albergado viviendas populares.
Una persona con ingresos medios de US$1.750 no puede costear las nuevas rentas mensuales de más de US$2.500 de los nuevos desarrollos inmobiliarios que han florecido en el barrio.
Beneficios de la «ley 22»
El reportaje también denuncia cómo una norma -la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, conocida como «ley 22»- está beneficiando a los foráneos.
Explica en un informe la BBC que la norma ofrece exenciones fiscales para que ciertos inversionistas no paguen impuestos sobre ganancias de capital tras convertirse en residentes de la isla.
Por esos beneficios, Puerto Rico se convirtió desde la aprobación de la ley en un destino atractivo para empresarios de diversos sectores.
Pero lo cierto, es que la llegada de los que trabajan en el mundo del blockchain y las criptomonedas ha tenido más repercusión con la entrada en vigencia de la norma
La Oficina de Incentivos de Puerto Rico, dijo que gracias a las exenciones el sector inmobiliario había registrado compras por un valor de US$1.300 millones, lo cual se tradujo en unos US$8,8 millones en ingresos para las arcas públicas.
Muchos en Puerto Rico consideran que este dinero no beneficia al pueblo, una cuestión que el gobierno atribuye a un problema de percepción.
Privatización de las playas
Explica la BBC, lo que ocurre en la playa del Dorado, al oeste de San Juan, es un ejemplo de cómo los desarrollos turísticos privados están restringiendo el acceso a las playas públicas de la isla.
Aunque la ley exige que haya accesos a través de las propiedades privadas con un margen de 20 metros de playa para uso público, las autoridades no siempre hacen valer la norma.
Lo que se ha podido establecer, es que algunos hoteles, villas, clubes y propiedades privadas pueden tener sus porciones de playa exclusivas de “manera indebida”.
Algunos puertorriqueños en esa localidad han tomado acción por cuenta propia. Luego de días de protestas ante un condominio, los manifestantes derribaron una construcción ilegal de una piscina en terreno público.
- Imagen de portada tomada/ La República