En este artículo se listan los principales casos de corrupción en Colombia que han dejado un hueco en las finanzas en detrimento del patrimonio público.
En el sector público, la corrupción no es solo económica, también es política cuando los servidores públicos realizan uniones o actividades ilegales a cambio de resultados operativos y/o electorales
El tipo de corrupción más frecuente es la administrativa, que se da por las fallas en los sistemas, procesos y procedimientos de la administración pública.
Por ejemplo, cuando los funcionarios públicos aceptan sobornos que los ciudadanos pagan “para acelerar los procesos burocráticos o acceder a los servicios públicos a los que tienen derecho”.
Según las informaciones de fuentes oficiales, La mayoría de hechos de corrupción se encuentran en distribuidos de la siguiente manera en el país: Bogotá (200 hechos), Atlántico (88 hechos), Antioquia (76 hechos), Santander (75 hechos) y Valle del Cauca (74 hechos).
Los sectores más afectados por la corrupción son el sector defensa (21%) y sector judicial (11%).
Así como los sectores de educación, ciencia y tecnología; vivienda, ordenamiento territorial y servicios públicos; salud; y transporte, que en su conjunto suman el 31% de los hechos recopilados en corrupción.
Estos sectores resultan fundamentales para el desarrollo social pues se asocian directamente con la provisión de bienes y servicios básicos y el bienestar de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Estos son los casos más sonados de corrupción en Colombia
Los 70 mil millones
En diciembre del 2020, cuando se adjudicaba una de las licitaciones con las que se pretendía llevar Internet a los colegios públicos del país, en el ambiente había quienes decían que algo no estaba bien en el proceso.
Pues el tema estalló al punto que un juez del municipio de Zipaquirá falló una acción de tutela que le ordenó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) suspender uno de los procesos que adelanta.
Tras el escándalo por las garantías presuntamente falsas en un contrato que adjudicó, en diciembre del año pasado, por $1,07 billones.
Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio.
El juez falla en el proceso en el que están vinculados los interventores de ese contrato y su acción les permitiría recolectar información y aclarar varios datos cuestionados.
Odebrecht
Una de las empresas de Grupo Aval Acciones y Valores SA, Corficolombiana, se asoció con la compañía brasileña Odebrecht en su proyecto más grande en Colombia.
Una sección de la autopista conocida como Ruta del Sol, cuyo costo estimado es de 2.500 millones de dólares.
Entre 2009 y 2014, Odebrecht pagó millonarios sobornos para adjudicarse el contrato, mientras que Aval aseguró en repetidas ocasiones que desconocía los pagos ilegales.
En diciembre de 2016, Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Colombia.
La compañía llegó a acuerdos con los Gobiernos de República Dominicana, Perú y Panamá, pero la investigación colombiana continúa.
En el país ya han sido condenadas cinco personas, mientras que otras 74 personas están siendo procesadas.
Carrusel de la contratación en Bogotá
Los hermanos Nule (Manuel, Guido y Miguel), excontratistas y reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, realizaron el manejo de proyectos como la vía Bogotá–Girardot y, especialmente, Transmilenio–Calle 26.
Dejando en este último una deuda aproximada de 156.000 millones de pesos (más de 52 millones de dólares).
A partir de 2010, se reveló el manejo y la gran cantidad de negocios que tenían y que era por consecuencia del denominado Carrusel de la contratación.
En él que cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito y se realizaba la entrega de un ocho por ciento de comisión para altos funcionarios.
Reficar
El escándalo de Reficar, en 2016, es un caso de corrupción ocurrido en Cartagena, cuya gestación data de 2007, durante la construcción de la Refinería de Cartagena.
La polémica estalló en enero de 2016 luego de que la Contraloría General de Colombia publicara un reporte, el cual detallaba la extensión del detrimento.
Entre las razones principales de la investigación, aparece un posible desfalco en el megaproyecto de la ampliación de la refinería, como también el sobrecosto de la obra que se estima entre cuatro mil millones de dólares.
En este escándalo están involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, así como la constructora suiza Glencore y la estadounidense CB&I (Chicago Bridge & Iron Company).
Agro Ingreso Seguro
El exministro de Agricultura durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Lo anterior, debido a las presuntas irregularidades que se detectaron en la asignación de recursos públicos del programa Agro Ingreso Seguro.
Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un programa del Gobierno colombiano para entregar subsidios a agricultores colombianos, substituido por Desarrollo Rural con Equidad (DRE), tras estallar el escándalo por corrupción alrededor del programa.
La Fiscalía General de la Nación aseguró que los contratos celebrados entre 2007 y 2009 por un monto total de 288.000 millones de dólares fueron sólo una fachada.
Pues aseguran que los recursos públicos que se debían destinar a la asistencia técnica y científica, fueron asignados sin contar con licitaciones abiertas, estudios previos y términos de referencia, e incluyendo cláusulas exorbitantes.