La legislación firmada por la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, busca otorgar a su gabinete nuevos poderes para eludir a la asamblea legislativa y enmendar unilateralmente leyes provinciales.
La medida se describe en el Proyecto de Ley 1, la Ley de Soberanía de Alberta dentro de una Ley de Canadá Unido, explica una nota de CBC.
El proyecto de ley describe cómo el gobierno de Alberta planea no hacer cumplir la legislación, las políticas o los programas federales que considere «perjudiciales» para los intereses de Alberta.
«Espero que nunca tengamos que usar este proyecto de ley», dijo Smith a los periodistas luego de la presentación del proyecto de ley.
Agregó que, «espero que hayamos enviado un mensaje a Ottawa de que defenderemos enérgicamente nuestras áreas constitucionales de jurisdicción».
La premier presentó la idea del proyecto de ley el verano pasado durante la carrera para reemplazar a Jason Kenney como líder del gobernante Partido Conservador Unido.
Aunque el proyecto fue criticado por la mayoría de sus oponentes, muchos miembros de UCP aceptaron la idea de tomar medidas tangibles para hacer retroceder al gobierno federal.
¿Hay vientos separatistas?
El 6 de septiembre pasado, la campaña de Smith publicó una descripción general de cómo funcionaría la ley. Sin embargo, no mencionó el alcance más amplio de los poderes otorgados.
Bajo las reglas existentes, el gabinete tiene el poder de hacer y cambiar regulaciones a través de órdenes en el consejo.
En abril de 2020, el gobierno de Kenney se otorgó ese poder en virtud del Proyecto de ley 10.
La Ley de enmienda de poderes de emergencia de salud pública, para mantener los servicios públicos en funcionamiento tras la pandemia del covid-19.
El gobierno terminó derogando esa ley un año después de enfrentar críticas públicas generalizadas y un desafío constitucional por otorgarse demasiado poder.
Smith ha ordenado a los ministros de su gabinete que busquen «intrusiones» federales en la jurisdicción provincial, pasadas y futuras, y que creen resoluciones especiales que debatirán en la sesión legislativa de la primavera de 2023.
Una vez aprobadas, las resoluciones se convierten en recomendaciones no vinculantes para el gabinete.
La legislación permitiría al gabinete ordenar a las entidades provinciales, que no hagan cumplir las leyes federales.
El gabinete también podría ordenar a un ministro que emita una orden o directiva.
Hay preocupación por este proyecto
No hay ni una pizca de evidencia de que la ley conduzca al crecimiento económico, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio de Calgary, Deborah Yedlin.
Agregó que, «esto llega en un momento en el que nos enfrentamos a una alta inflación, desafíos en la cadena de suministro y escasez de mano de obra”.
La dirigente gremial subrayó que “estamos tratando de que la gente venga a Alberta para que podamos abordar esa escasez de talento. Y con esto no será atractivo”.
Kevin Krausert, director ejecutivo de Avatar Innovations dijo que, “las conversaciones que tratan sobre cualquier otra cosa que no sea cómo avanzamos en la inversión, la tecnología y la colaboración en esta provincia obstaculizarán esos esfuerzos».
Precisó que, los inversionistas no se sentirán atraídos por Alberta a menos que sea una jurisdicción segura y sólida que se rija por el estado de derecho.
Oposición interna
Smith se convirtió en primer ministro después de ganar el liderazgo del Partido Conservador Unido en octubre.
Durante esa campaña de liderazgo, ninguna política se discutió más que la Ley de Soberanía.
El entonces primer ministro Jason Kenney calificó la propuesta de «arriesgada, peligrosa, a medias» y dijo que «provocaría un daño devastador a los empleos.
Sonya Savage, quien era ministra de energía en ese momento, dijo que la legislación podría ser tan dañina para el futuro de Alberta como lo han sido las políticas del primer ministro Justin Trudeau.
El dato
La Ley de Soberanía llega en un momento en que muchas empresas en el campo petrolero buscan inversiones para descarbonizar el sector e impulsar el crecimiento de nuevas industrias.
Existe la necesidad de atraer financiamiento significativo no solo de inversionistas privados, sino también del gobierno federal.
En otras palabras, el gremio del petrolero quiere una mano amiga de Ottawa al mismo tiempo que del gobierno de Alberta que está buscando pelea y divisiones.
Las mayores empresas de yacimientos petrolíferos quieren millones de dólares federales para diseñar instalaciones a gran escala para capturar gases de efecto invernadero nocivos e inyectarlos bajo tierra.
Ottawa ya ha anunciado fondos para proyectos de captura de carbono, pero la zona petrolífera quiere más.
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