José Antonio Potes, es un colombiano que viajó a El Salvador en enero de este año por su admiración a la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Sin embargo, ahora vive un infierno en una de las megacárceles en donde se encuentra incomunicado.
De acuerdo con la información emitida por el programa informativo Noticias Uno, al momento de llegar a ese país centroamericano el Ejército lo acusó de pertenecer a una peligrosa banda criminal que solo opera en ese país.
Así las cosas, su madre Eliana Potes Cáez, contó al medio en mención que su hijo terminó preso en El Salvador, sin ningún tipo de comunicación con sus familiares, y acusado de pertenecer a los “maras colombianos”.
Dice la mujer que su hijo “se fue a El Salvador con la intención de llegar a ese país, trabajar y ayudarme a mí a su pareja, Diana Marcela y su pequeño hijo que se encuentran aquí en Colombia”.
Eliana Potes denunció que “no me lo dejan ver por el régimen que hay allá”, le dijo a Noticias Uno, mientras lloraba al acordarse de su hijo.
La megacárcel más grande de LATAM
La megacárcel consta de ocho edificios. Cada uno tiene 32 celdas de unos 100 metros cuadrados (1.075 pies cuadrados) para albergar a «más de 100» prisioneros cada una.
Las celdas solo tienen dos lavabos y dos inodoros cada una.
El bloqueo de las comunicaciones telefónicas es una medida que se ha tomado también en otras prisiones de El Salvador para evitar que los reclusos tengan algún tipo de contacto con el exterior, y viceversa.
Estas condiciones han provocado duras críticas de organizaciones de derechos humanos.
El presidente Bukele declaró una «guerra contra las pandillas» en marzo pasado, aprobando medidas de emergencia que se han extendido varias veces.
Las medidas de emergencia han sido controvertidas ya que limitan algunos derechos constitucionales.
Por ejemplo, permiten que las fuerzas de seguridad arresten a sospechosos sin una orden judicial.
Más de 64.000 sospechosos han sido arrestados en la campaña contra el crimen.
En febrero llegaron los primeros reclusos
El primer grupo de 2.000 presuntos pandilleros de El Salvador ha sido trasladado a la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele a principios del mes de febrero.
El enorme edificio está en el centro de la autodeclarada guerra contra el crimen de la administración salvadoreña.
Decenas de miles de presuntos pandilleros han sido detenidos en el país después de que se declarase el estado de emergencia debido al aumento de los asesinatos y otros delitos violentos.
La cárcel -llamada «Centro de Confinamiento del Terrorismo»- podrá albergar a más de 40.000 personas.
De cómo fue construida en un tiempo récord de siete meses se sabe muy poco. Los detalles permanecen en régimen de reserva por el gobierno.
Es decir, que no serán públicos por al menos dos años. Las autoridades tampoco informaron sobre los costes de construcción ni de su futuro mantenimiento.
Los datos
Los presos se quedan sentados en el suelo con las manos detrás de la cabeza rapada, apilados muy juntos, antes de ser llevados a sus celdas.
El complejo, construido en una zona rural cerca de Tecoluca, será custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, según datos del gobierno.
Un muro de más de 2 km con 11 metros de altura y coronado por alambradas electrificadas rodea las instalaciones, haciendo que apenas pueda llegar a verse parte del tejado de los pabellones.
Las poblaciones cercanas temen perder sus hogares si en el futuro fuera necesario su desalojo de la zona para ampliar el penal.
El reclusorio, según el gobierno, incluye pabellones de confinamiento de reos, sistema de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal y de paquetes y un cerco eléctrico de 2,1 km de longitud.
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