¿La ley de la eutanasia está siendo utilizada en Canadá para acabar con sus pobres?

Los dos casos de alto perfil han provocado incredulidad e indignación, y arrojaron luz sobre las leyes del derecho a morir de Canadá.

Dos mujeres pobres sin hogar que pidieron poner fin a su vida amparadas en las leyes de suicidio asistido en Canadá abrieron nuevamente el debate sobre este tipo de legislación.

En febrero una mujer de Ontario de 51 años conocida como Sophia se le concedió la muerte asistida por un médico.

Esto después de que su condición crónica de salud se volvió intolerable y su exiguo estipendio por discapacidad le dejó poco para sobrevivir.

“El gobierno me ve como basura prescindible, quejosa, inútil y un coñazo”, dijo en un video que circuló en las redes en su momento se lee en Infobae.

Durante dos años, ella y sus amigos suplicaron sin éxito mejores condiciones de vida, porque la mujer se encontraba sin hogar.

La segunda mujer, conocida como Denise, también solicitó terminar con su vida después de no poder encontrar una vivienda adecuada y luchar para sobrevivir con los pagos por discapacidad.

Ambos casos fueron diagnosticados con sensibilidad química múltiple (MCR), una condición en la que los productos químicos comunes, como los del humo del cigarrillo y los detergentes para ropa, pueden provocar náuseas, dolores de cabeza cegadores y, en casos extremos, shock anafiláctico.

Las dos mujeres habían argumentado que la vivienda especializada, donde el flujo de aire está más controlado, aliviaría sus síntomas debilitantes.

En el caso de Denise, todavía no se ha terminado de aprobar su solicitud para terminar con su vida.

Los dos casos de alto perfil han provocado incredulidad e indignación, y arrojaron luz sobre las leyes del derecho a morir de Canadá.

Los críticos argumentan que esta norma se están utilizando indebidamente para castigar a los pobres y enfermos.

Expertos

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Médicos advierten que la cobertura mediática demasiado simplificada de los casos no captura las realidades del sistema, y advierten que la cobertura sensacionalista de un puñado de casos “extremos” ignora una crisis mayor en los sistemas de salud del país.

Para los activistas, los casos han llegado a representar la falta de atención de Canadá a sus ciudadanos más vulnerables y plantearon preguntas sobre cómo se aplican las leyes de suicidio asistido.

Distintos analistas dicen que, los casos también están siendo utilizados por grupos que se oponen a la asistencia médica en la muerte (MAID).

En un intento de reducir la legislación, en lugar de buscar cómo los gobiernos pueden mejorar a las personas que viven con discapacidades.

Chantal Perrot, médica y proveedora de MAID dice que, hacen este trabajo porque “creemos en el derecho de las personas a la muerte asistida”.

Agregan que “no siempre es fácil de hacer. Pero sabemos que los pacientes lo necesitan y lo valoran. Vivimos con el desafío del trabajo, en parte porque es importante aliviar ese sufrimiento”.

Cuando llegó la norma

Cuando Canadá introdujo una legislación sobre el suicidio asistido en 2016, los grupos de defensa expresaron su temor de que las poblaciones vulnerables pudieran ser atacadas.

Al igual de que los médicos se vieran obligados a anular los juramentos que habían hecho para proteger las patentes.

El año pasado, los legisladores revisaron los criterios para MAID después de que la Corte Suprema dictaminara que una versión anterior de la ley, que excluía a las personas con discapacidades, era inconstitucional.

Una vez más, el tema se encuentra ante un comité parlamentario conjunto especial encargado de decidir si se amplía el acceso a los niños que consienten y a las personas con enfermedades mentales.

Jocelyn Downie, profesora de derecho en Dalhousie y experta en políticas sobre el final de la vida consultada por The Guardian, dijo que existen amplias medidas de protección en el sistema para proteger a los canadienses.

La ley

Un criterio clave de elegibilidad de esta ley era que se predijera que la muerte natural del paciente era razonablemente previsible.

Una terminología única en Canadá que no estaba definida por ley.

Aunque se asociaba con el final de la vida, nunca se decidía cuán cerca estaba.

Dado que la muerte por trastornos mentales no se consideraba fuertemente previsible, las enfermedades mentales no se creían afecciones elegibles.

Esta característica de la ley constituía un freno al tipo de eutanasia psiquiátrica que se practicaba en los países del Benelux.

En 2019 un fallo del Tribunal Superior de Quebec impugnó la constitucionalidad de restringir el derecho de eutanasia.

Como resultado, se presentó un nuevo proyecto de ley federal para extender la elegibilidad para la eutanasia, sin limitarla al final de la vida.

Para noviembre de 2020, más de 19.000 personas que se acercaban al final de su vida habían sido sacrificadas voluntariamente.

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